ANA BLASCO | CAMBRE
El Consello Consultivo de Galicia emitió el pasado mes de septiembre un dictamen en el que señala que no tiene competencia para resolver el conflicto entre el Concello de Cambre y la empresa redactora del plan general, Eptisa, ya que no existe discrepancia entre ambas partes por los motivos de la finalización del acuerdo contractual, sino sobre las cantidades que se deben abonar.
Explica que el exceso en el plazo de ejecución de los trabajos, de "más de once años", es una causa objetiva para declarar el contrato extinguido. "La demora es imputable a las dos partes (Concello y equipo redactor) y por lo tanto no puede dar lugar a la resolución por incumplimiento", puntualiza.
El órgano técnico jurídico llama la atención sobre "cierta discrepancia en los documentos registrados". Señala que, tanto el contratista en sus alegaciones como el alcalde en su petición de dictamen al consello, hablan de resolución por mutuo acuerdo. Sin embargo, el organismo consultivo considera que este extremo no es compatible con el enfrentamiento entre ambas partes en cuanto a las cantidades que deben pagarse. El Concello reconoce trabajos por valor de unos 20.000 euros, en concepto de honorarios de elaboración del documento de inicio del plan general. Eptisa incluye además en su factura la realización de un informe urbanístico sobre el trazado de la Vía Ártabra y otros trabajos varios en calidad de asesoría. La factura, según el equipo redactor, asciende a más de 55.000 euros.
Estos trabajos pertenecen a la época en la que Andrés López Arcay era concejal de Urbanismo. Entre ellos, destaca el encargo realizado por el edil para el asesoramiento urbanístico sobre la construcción de un parque comercial.
El Consello Consultivo de Galicia explica que no puede intervenir en la resolución del conflicto por la factura de los trabajos.
Tras este dictamen, la Corporación aprobó de manera definitiva la resolución del contrato, iniciado en 1997, y el pago de los cerca de 20.000 euros que el Concello reconoce. Desestimó a su vez las alegaciones de la empresa para el cobro del resto de trabajos.
Los tribunales son la única vía que le queda ahora a Eptisa para reclamar los más de 35.000 euros que asegura le debe la Administración local.
El Ayuntamiento, por su parte, ya ha dado orden a sus técnicos para iniciar la redacción de las cláusulas administrativas para la contratación de un nuevo equipo redactor para la elaboración del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM).