ANTARES PÉREZ | CAMBRE
Han transcurrido 13 meses desde que el PP presentó una moción en la que instaba al Ejecutivo local a contratar una auditoría que arrojase luz sobre el uso, o abuso, de los caudales públicos. Las circunstancias han cambiado. También los argumentos de la oposición. No así los del Gobierno local. Al menos si se atiende al principal argumento esgrimido por el bipartito para rebatir la pretensión de los populares.
El Concello hizo ayer públicas las conclusiones del informe de Intervención sobre la moción del PP. No la actual. Sino la que la formación liderada por Nicolás Cubeiro presentó en octubre de 2008. Para el Ejecutivo local nada ha cambiado. Ni las circunstancias ni los argumentos. Afirma que el contenido de ambas mociones es el mismo y, por tanto, también las objeciones.
Los populares discrepan. Aseguran que han modificado la moción para evitar trabas legales y se muestran sorprendidos por el oportuno retraso en presentar el informe. "No nos parece la forma más oportuna de proceder: informar trece meses tarde para intentar anular una moción que ni siquiera conocen", critica el edil Felipe Andreu Barallobre, que hace hincapié en que el Concello el dictamen de Intervención está fechado sólo un día antes de que presentasen por registro su nueva moción.
Las modificaciones introducidas a la propuesta inicial invalidan, en su opinión, los reparos del departamento municipal de Intervención. La funcionaria encargada de fiscalizar la labor municipal ofreció tres argumentos para declarar ilegal la pretensión de los populares. De una parte advirtió de que las labores de fiscalización interna corresponden a Intervención y la externa al Tribunal de Cuentas y al Consello de Contas. La interventora incide en su informe que la única persona capacitada para adoptar esta medida es el alcalde y no el pleno. Y por último advertía de que, en el caso de aprobarse, la auditoría debería estar supervisada por ella.
Sus argumentos cuentan con la anuencia del PP. La formación asegura que ha introducido las modificaciones necesarias a la moción actual para sortear estas trabas. La propuesta a debatir hoy ha limitado las funciones de la auditoría para que sólo tenga un carácter informativo. Ha matizado que la actividad de la empresa deberá someterse a los criterios de Intervención. y aclarado que el pleno no aprobará la contratación, sino que se posicionará a favor, o no, de que el alcalde inicie los trámites. Ambas facciones echan mano de la jurisprudencia para defender sus posturas. Y muestran sus cartas. El Concello apela a una sentencia del Tribunal Superior de Burgos para declarar nula la contratación. El PP a una de Madrid para defender la legalidad de su propuesta. Hoy será el pleno el que deberá pronunciarse.