La Xunta dejará sin legalizar siete de las cien naves irregulares de la comarca

M. CARMEN SUÁREZ | CARBALLO La nueva ley del suelo que está a punto de aprobar la Xunta permitirá la legalización de las más de cien naves irregulares que hay en la Costa da Morte, aunque quedarán fuera siete que cuentan con un expediente y tienen una orden de demolición. Así lo anunció ayer el portavoz de la Plataforma de las naves irregulares, Alfonso Villar, constituida recientemente para buscar una solución a este problema, después de mantener una entrevista con el conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Agustín Hernández.

Alfonso Villar realizó un análisis "muy positivo" de este encuentro y anunció que se ha conseguido "un gran logro", puesto que las primeras informaciones apuntaban que sólo se podría legalizar un 3% debido a los numerosos requisitos que exigían. El portavoz de la comisión de afectados lamentó que se excluyan las siete naves expedientadas, aunque matizó que con la nueva ley se abrirá una "vía" para intentar solucionar el problema.

La nueva normativa recogerá una disposición para que en un período de dos años puedan legalizarse las instalaciones que se encuentran en suelo rústico y fuesen construidas antes del año 2003, aunque tendrán que cumplir una serie de requisitos, como acreditar que no realizan ninguna actividad molesta ni son contaminantes, entre otros, para poder conseguir la licencia de actividad. Esta medida será similar a la que se realizó en su día para regularizar las naves agropecuarias y aserraderos de madera.

Aunque la inmensa mayoría de los propietarios de naves irregulares están satisfechos por el anuncio del conselleiro de Medio Ambiente, los que no se beneficiarán de esa medida aseguran que es injusto que no se incluyan todas porque supone una agravio comparativo. El dueño de la empresa Gerca, expedientada en Vimianzo, Germán Lema, asegura que así salen beneficiados "los que no pidieron licencia de ningún tipo" para construir sus instalaciones. "Y los que actuamos de buena fe y pedimos licencia somos los que quedamos sin legalizar", añade.

El empresario vimiancés aclara que ellos presentaron el proyecto en el año 1999, cuando estaba permitido construir en suelo rústico y el Concello les dio licencia provisional en el 2000. Sin embargo, critica que después les aplicasen la ley del 2002, que fue cuando alguien los denunció, y a partir de ahí la Xunta les abrió un expediente. Germán Lema insiste en que ellos cumplen con todos los requisitos y que incluso cuentan con el certificado de calidad ambiental, la ISO 14.001, por lo que no entiende que sus instalaciones queden sin legalizar porque alguien los denunció. Además, recuerda que en su día ya se pronunció toda la Corporación de Vimianzo para clasificar esa zona como suelo industrial en el plan general y así se solucionaría el problema. Sin embargo, el Concello carece de documento urbanístico y no se sabe cuando lo tendrá.