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El Ayuntamiento oleirense dice cumplir con la normativa del servicio de ayuda a domicilio

Los populares instan al Ejecutivo a rescatar la concesión y hacerse cargo de la gestión de la atención a los mayores, además de sacar a contratación esta prestación "de forma urgente"

 07:20  
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VIVIANA BURÓN | OLEIROS "El Concello de Oleiros cumple toda la normativa". Con esta escueta y concisa frase, el Ayuntamiento sale al paso de las irregularidades descubiertas por la Xunta en la empresa contratada por la Administración local para prestar ayuda a domicilio a personas de edad avanzada.

Las dos inspecciones que llevó a cabo el Ejecutivo autonómico revelan que la entidad adjudicataria carece de personal cualificado para atender a los mayores y las horas que cobra no coinciden con el tiempo con el que sus trabajadores prestan el servicio, según informó ayer LA OPINIÓN. La Xunta también encontró deficiencias en relación a la limpieza, lo que supone una infracción de la normativa gallega que obliga a garantizar la higiene de los pisos.

El Partido Popular reclama "medidas urgentes" ante estos problemas y recuerda que ya advirtió en reiteradas ocasiones del mal funcionamiento del servicio municipal y de la existencia de quejas por parte de los usuarios.

Además asegura que el Gobierno local es conocedor de esta situación "pero lo oculta" y hace referencia a una carta remitida por el alcalde, Ángel García Seoane, a la Xunta, en la que no niega ninguna de las deficiencias incluidas en el informe de inspección y se limita a comprometerse a ofrecer una solución, "algo que es evidente que no ha hecho", apostillan los populares de Oleiros.

Su portavoz municipal, Pablo Cobián, crítica que el regidor haya "presumido y puesto de ejemplo" la calidad de este servicio, pese a conocer las deficiencias "desde hace meses" e incluso justificar el mayor coste en el buen trabajo y gestión de la empresa concesionaria. Cobián destaca que la tasa por hora de este servicio asciende en Oleiros a 18 euros la hora mientras que en la mayoría de municipio oscila entre 11 y doce euros.

Pese a que el contrato con esta empresa está vencido "desde hace meses", los populares explican que el Gobierno local lo ha ampliado con varias prórrogas "a pesar de conocer las graves deficiencias en el funcionamiento del servicio".

Por todas estas razones, el PP exige al Concello que rescate "de forma inmediata" esta concesión y se haga cargo de la gestión con los medios del departamento de Servicios Sociales. Reclama también que comience "de forma urgente" el proceso para sacar a concurso la adjudicación de este servicio y espera que lo haga en base a un pliego de condiciones que garantice su calidad y la concurrencia del mayor número de empresas posible, para poder seleccionar a la más óptima para la atención de las personas mayores.

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) de Oleiros asegura que no tenía conocimiento "ni de las deficiencias ni de las quejas de los usuarios" del servicio municipal pero señala que, de demostrarse que son ciertas, exigirá al Gobierno local que lleve a cabo una inspección y realice un seguimiento de la empresa. "Y si no lo hace, la Xunta deberá actuar sobre el Concello", advierte su portavoz, Fina Quintáns.

La edil nacionalista destaca que uno de los puntos incluidos en el orden del día del pleno que se celebrará esta tarde, es precisamente el reglamento del servicio de ayuda en el hogar, por lo que avanza que realizará una pregunta al respecto.

Así, el Ayuntamiento tendrá que hacer frente a las críticas de la oposición, en relación a las deficiencias desveladas por el informe de la Xunta, que refleja que la empresa, además de tener contratado personal no cualificado y cobrar por horas por las que no había prestado este servicio, no realiza estudios sobre la situación de los usuarios a nivel individual y carezca de planes de seguimiento y de protocolos de actuación.

Además los datos personales de algunas personas son incorrectos, pese a que es obligatorio actualizar constantemente la información. La empresa adjudicataria tampoco tiene póliza de responsabilidad civil ni un plan de prevención de riesgos laborales.

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