Los concellos de la comarca aseguran tener capacidad para endeudarse en 2011

A. BLASCO / M. OTERO | A CORUÑA El anuncio del Gobierno central de que levantará de forma parcial el veto impuesto a los ayuntamientos para endeudarse en 2011 ha sido bien acogido en la comarca, donde todos los equipos de gobierno aseguran que reúnen las condiciones estipuladas para seguir solicitando créditos para realizar inversiones.

A pesar de que en las administraciones locales ayer era una constante la confusión a la hora de calcular la capacidad de endeudamiento según los nuevos requisitos, Abegondo, Arteixo, Bergondo, Betanzos, Cambre, Carral, Culleredo, Miño y Sada garantizan que su volumen de deuda no supera el 75% de sus ingresos corrientes.

De todos modos, de estos nueve concellos, cinco ya han anunciado que no tienen previsto hacer uso de este permiso. Se trata de Abegondo, Arteixo, Bergondo, Carral y Miño.

Los que no descartan la posibilidad de recurrir a créditos el próximo año son los municipios de Betanzos -con un 54% de volumen de deuda sobre los ingresos-, Culleredo -con un porcentaje del 41%-, Sada -13,078%- y Cambre -donde todavía no lo han calculado, pero consideran que los 5,3 millones de endeudamiento no superarán lo que perciben las arcas por tasas, contribuciones, impuestos municipales, multas o rentas de propiedad-.

De "rectificación necesaria de una medida poco reflexionada" y de "esperada" calificó ayer el alcalde de Sada, el nacionalista Abel López Soto, el anuncio de la vicepresidenta segunda, Elena Salgado, que alivia la situación económica de los concellos. "Parece ilógico que las administraciones locales donde se practica rigor presupuestario, como es el caso de Sada, sean tratadas de la misma manera que los ayuntamientos que tienen un endeudamiento escandaloso" y pone el ejemplo de Madrid, que acumula ella sola el 23,5% de la deuda de todas las administraciones locales del país.

Las críticas al Gobierno central también llueven desde su propio partido. El alcalde de Culleredo, el socialista Julio Sacristán, subraya que es la segunda rectificación al mismo decreto. Opina que es fruto de la falta de coordinación entre el Ministerio de Hacienda y el de Administraciones Públicas, ya que este último sabía de la existencia de los créditos plurianuales que deben solicitar algunos ayuntamientos para hacer frente a su parte en la financiación de las obras del Plan E. "Era una forma de culpabilizar a los concellos de un déficit que no provocamos nosotros", reprueba.