El juez exige a Fadesa un aval de 31,8 millones por los expropiados de Miño

MARTA VILLAR | MIÑO El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 2 de A Coruña acaba de ordenar a la inmobiliaria Martinsa-Fadesa que deposite un aval de 31,8 millones de euros para garantizar el pago de la diferencia entre lo que cobraron los expropiados por la construcción de la urbanización de Perbes-Vilanova en Miño y lo que estos reclamaron en sus hojas de aprecio.

El juez exige así el cumplimiento de una condición que ya figuraba en el contrato de adjudicación firmado entre el Ayuntamiento y Fadesa en septiembre de 2002, en la cláusula 13, y que nunca se cumplió. La promotora alegó en su día que esta cláusula era ilegal porque incluía unas garantías distintas de las que prevé la ley de contratos del sector público pero el juzgado ha concluido que anular esa condición "pervertiría la licitación en su día adjudicada". Además, dicha cláusula supone "la preservación de uno de los pilares" del sistema expropiatorio, la indemnización al afectado.

El titular del juzgado de lo contencioso resalta en esta sentencia, que no es firme, que en este pleito de los afectados no se personase Fadesa sino el Concello y éste utilizase como defensa la misma alegación que la inmobiliaria, la de la ilegalidad de la cláusula 13. Es más, el juez subraya el hecho de que el Ayuntamiento objetase sobre el aval cuando "ni la propia demandada Fadesa cuestiona la insuficiencia de las garantías ya formalizadas".

El Concello de Miño nunca exigió a la promotora la garantía del pago de justiprecio hasta que la asociación de afectados por la expropiación ganó un recurso judicial en marzo de 2005. Martinsa-Fadesa no depositó el aval que le reclamó el Ayuntamiento y tras un recurso de los afectados el juzgado en 2006 le dio la razón a la Administración local.

Los expropiados recurrieron el fallo y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) les dio la razón en 2008 en una sentencia que ordenó al Ayuntamiento que cumpliese la cláusula 13 y exigiese dicho aval. Tras esta resolución judicial los administradores concursales de Martinsa-Fadesa autorizaron la petición de constituir una garantía de casi 32 millones de euros en cinco parcelas del sector residencial-deportivo de Perbes-Vilanova. El juzgado de lo mercantil autorizó al Concello a hipotecar estas cinco parcelas que se valoraron en un total de 7,6 millones de euros.

Los afectados no obstante consideraron que estas hipotecas sumaban una cantidad insuficiente para cubrir el aval y ahora el juzgado les ha dado la razón. En julio del año pasado el Concello también acordó realizar más hipotecas sobre fincas del sector para llegar hasta el importe total del aval fijado y gravó 155 parcelas de Fadesa hasta sumar 8,1 millones.

Martinsa-Fadesa está en concurso de acreedores y el aval que tiene que depositar suma más de cinco mil millones de las antiguas pesetas. El juez en uno de los párrafos de la sentencia advierte además: "De no abonarse aquel justiprecio desde luego disponen los expropiados de acciones frente a la mercantil Fadesa pero igualmente pudieran accionar a título de responsabilidad patrimonial frente a la demandada Concello de Miño pues aun pudiera sostenerse un título de imputación en supuesto de impago e insolvencia del beneficiario".

El abogado de los afectados por la expropiación ha solicitado al Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 4 de A Coruña que embargue "las cuentas y bienes del Ayuntamiento de Miño" en cantidad suficiente para cubrir todo lo que dichos afectados reclaman en los recursos que han presentado porque en su día se les reconoció menos superficie de terreno de la que tenían o se obviaron algunos bienes. Este derecho lo tienen reconocido por sentencia desde hace tres años. El Concello ya elaboró las hojas de aprecio complementarias y en noviembre de 2010 requirió a Fadesa que señalase día para dicho pago pero meses después aún no lo ha efectuado.