Martín Vázquez y su familia se van a quedar sin la casa donde han invertido todos sus ahorros sin ser responsables de la infracción cometida. La Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) le apremia para que ejecute un derribo ordenado hace seis años y ya le ha impuesto la primera multa por no hacerlo.

La sanción le supondrá 1.000 euros, a lo que hay que sumar el coste del derribo, el pago de la hipoteca que tendrá que seguir abonando al banco, el alquiler de la vivienda a la que tendrán que trasladarse y los gastos judiciales de los procesos en los que se han personado para reclamar responsabilidades por lo ocurrido. Critica que las compensaciones, si llegan, tardan demasiado. Está resignado, pero quiere que su caso se conozca para que no le pase a más gente.

Martín le compró a un promotor una vivienda en estructura de un grupo de tres chalés en el núcleo cullerdense de Fontemaior. Con la propiedad venían también las preceptivas licencias municipales, por lo que no dudó de que la situación estaba en regla. Sin embargo, la compradora de otra de las casas, tras su adquisición, se percató de que la segregación real de las tres parcelas no se correspondía a la recogida en el plano del proyecto para la que se concedió la autorización y decidió denunciarlo al Servicio de Urbanismo e Inspección Territorial de A Coruña, que corroboró la situación.

Tanto el Concello de Culleredo como la promotora reconocen que la ubicación de las fincas y las construcciones no se ejecutaron tal y como figuraban en el proyecto. El dueño de la empresa constructora sostiene que la modificación fue "mínima" y que estuvo determinada "por una línea de alta tensión y porque el Ayuntamiento de Culleredo quería que se construyera un depósito municipal de agua en la parte superior de la finca original", según indicó en su declaración ante el juez. De hecho, asegura que fue el propio alcalde, Julio Sacristán de Diego, el que le pidió autorización verbal para construir un nuevo depósito en la parte superior de una de las tres fincas resultantes de la segregación. Lo mismo testificó el arquitecto de la empresa. Esta infraestructura nunca llegó a construirse.

Sin embargo, los tres técnicos municipales que declararon ante el juez aseguraron no tener constancia de que la modificación del proyecto se debiera al traslado de los depósitos.

El arquitecto municipal aseveró que no se percató de este problema cuando llegó un informe de la Xunta. La auxiliar delineante del Concello de Culleredo explicó que cuando levantó el acta de replanteo -que sirve para comprobar que las obras se ajustan al proyecto- en el inicio de la actuación, el arquitecto de la constructora le dijo que la modificación ya había sido comunicada verbalmente al arquitecto municipal y que presentarían los nuevos planos en el Concello. Pero nunca lo hicieron.

Además de no haber seguido el proyecto para el que la empresa obtuvo licencia, los juzgados investigan también si el suelo sobre el que se construyeron las casas es de suelo rústico de régimen normal -en el que se podía edificar en la época en la que se concedió el permiso- o rústico de protección de infraestructuras.

Por ello, se ha abierto un proceso judicial por lo penal para dirimir si hubo falsificación de planos y fraude urbanístico, o solo un error técnico, según explica Martín Vázquez, que lamenta tener que pagar los platos rotos por otros.