El Ayuntamiento de Sada aprobó ayer la Conta Xeral de 2010 por unanimidad de la Corporación local en un pleno en el que el Bloque Nacionalista Galego (BNG) y Partido Socialista (PSOE), integrantes del anterior Gobierno municipal, defendieron su gestión económica de las críticas del Ejecutivo que encabeza el popular Ernesto Anido.
Nacionalistas y socialistas coincidieron en señalar el buen estado en el que quedaron las arcas municipales tras cuatro años al frente del Concello, con un remanente de positivo de 623.146 euros, un Resultado Presupuestario Ajustado de 799.579 euros y un ahorro neto de 1.270.644 euros.
Con continuas comparaciones a los datos de la Conta Xeral de 2006, cuando gobernaba Ramón Rodríguez Ares, tanto el portavoz del BNG, Abel López Soto, como su homónima en las filas del PSOE, Raquel Bolaño, resaltaron el incremento de 0,77% a 1,60% del Índice de Liquidez Inmediata, que expone la solvencia a corto plazo de la Administración local. Presumieron también de "prácticamente triplicar" el Índice de Solvencia, que pasó de 1,37% en 2006 a 3,60% en el año pasado así como de reducir el tiempo medio de pago de facturas a 33, 84 días, que hace cinco años superaba los 73 días.
"Cualquier indicador que se tome es positivo y, si lo comparamos con épocas pasadas, los datos se convierten en magníficos", subrayó López Soto, que recordó que a su llegada a la Alcaldía se encontró con 600.000 euros de facturas pendientes de pago y un remanente negativo de 373.000 euros.
En total desacuerdo se mostró el Gobierno local que, si bien admitió que el endeudamiento no es "muy elevado", recordó la existencia de facturas pendientes de pago por un valor de 450.000 euros. Además, atribuyó el remanente de tesorería positivo a que durante el pasado año no se tramitó ningún expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito, "cuyo importe reduciría considerablemente el remanente de 2010", apostilló el regidor, Ernesto Anido.
El Gobierno local denunció también el "elevado" número de reparos de Intervención, 54, que en su mayoría hacen referencia a certificación de obras, a la fiscalización de facturas por falta de propuesta de gasto previa y a la variación de nóminas que evidencia la necesidad de aplicar una política "rigurosa y austera" en gastos de personal. Para ello el Ejecutivo sadense redujo en un 93% las gratificaciones extraordinarias a funcionarios.
El equipo de gobierno explicó que ya ha puesto en marcha medidas para erradicar actuaciones de ejecución de gasto para las que no se haya verificado la existencia de crédito e hizo hincapié en la importancia de planificar los objetivos y recursos "de forma responsable" en una situación de crisis económica como la actual.
