La Axencia de Protección da Legalidade Urbanística acaba de iniciar un expediente sancionador por la construcción de un complejo residencial en la parroquia cullerdense de Rutis, que el Concello denunció ante la Xunta hace más de ocho años. En estos terrenos, ubicados en el núcleo de Penaloureira y calificados como rústicos en el planeamiento municipal, los propietarios ejecutaron grandes movimientos de tierras, rellenos, muros de contención y canalizaciones de agua, con destrucción de masa arbórea y alteración de la topografía natural de los terrenos.

Además, sobre la parcela, construyeron tres edificaciones para usos residenciales, una pista de tenis, una piscina, caballerizas y una edificación con tipología de nave industrial. Para comunicar todo este complejo, también abrieron nuevos caminos y una pista de acceso por la parte sur. Todo ello, sin ningún tipo de licencia.

La primera orden de paralización de los trabajos que emitió la Administración local está fechada el 22 de septiembre de 2003, cuando los dueños iniciaron el acondicionamiento del terreno y la construcción de los cierres. Obviaron la orden del Consistorio y continuaron con los trabajos.

Fue en ese momento cuando el Concello alertó a la Xunta de esta actuación, que se estaba ejecutando sobre terrenos rústicos y sin las correspondientes autorizaciones.

El siguiente aviso municipal para la paralización de las obras se firmó el 5 de mayo de 2004, momento en el que los propietarios edificaban las caballerizas, las viviendas y algunos galpones. También se dio traslado de la continuación de los trabajos al Gobierno autonómico. Los responsables de la obra siguieron haciendo caso omiso a las advertencias del Concello.

La habilitación de una pista de tenis en el recinto motivó la tercera orden municipal de paralización, que también fue comunicada al Ejecutivo gallego. Este respondió, al fin, en septiembre de 2005 abriendo un proceso para investigar la actuación.

No fue hasta casi seis años después, en julio de 2011, cuando el Servizo de Inspección Urbanística I decidió incoar un expediente sancionador contra los herederos de los dos hombres que iniciaron este complejo residencial en terrenos rústicos y sin disponer de las pertinentes autorizaciones.