"El polígono de Morás será una realidad en dos años". Así de optimista se mostraba en 2001 el director del Instituto Galego de Vivenda e Solo, José Antonio Redondo, tras estampar su firma en el convenio que alumbró el parque empresarial más grande de Galicia.
El anuncio del director del IGVS no ha sido el único que ha resultado ser papel mojado. "Las obras del polígono comenzarán en breve", aseguraba el exalcalde, Manuel Pose, en 2002. "Este año se empezará el parque empresarial", garantizaba la Xunta en 2005.
Anuncio tras anuncio se ha cumplido una década. Las obras de urbanización, tras meses al ralentí, han recibido un nuevo impulso financiero sin que se hayan despejado aún las dudas sobre el futuro del "motor industrial de la comarca" al que apelan los políticos.
EUna adjudicación "por baja temeraria". La inyección de seis millones más para cubrir los sobrecostes de las obras de urbanización han relanzado unos trabajos que, según los plazos previstos en su adjudicación, debería haber finalizado en enero de 2010. La Xunta dice ahora que las exigencias de la constructora, que exigía más de diez millones de euros, responden a una adjudicación "por baja temeraria" de la anterior Xunta bipartita. Las obras salieron a concurso por 52 millones y se adjudicaron por 33.
. Sin agua ni edificabilidad. La Consellería de Infraestruturas sostiene que las parcelas saldrán a la venta a principios del próximo año. Todo apunta a que los terrenos se adjudicarán sin que la Xunta y Concello sepan aún cómo se abastecerá de agua al parque empresarial. Ambas administraciones negocian aún las conexiones y la cesión del 10% de desarrollo urbanístico a Arteixo. Más de 90.000 metros cuadrados que el acuerdo supeditaba a la financiación del 10% de la urbanización y que el anterior Gobierno local se mostró reacio a desembolsar al entender que le correspondían "por ley".
. Un convenio en entredicho. El Concello de Arteixo estudia ahora el convenio que alumbró el parque empresarial y no descarta intentar renegociar las condiciones con la Xunta. Algo que ya intentaron sus antecesores sin éxito. El exalcalde, Manuel Pose, firmaba en 2001 el convenio para la construcción del "parque industrial más grande de Galicia". Las rúbricas del exregidor y el director del IGVS se estamparon en el documento antes de que lo aprobasen las manos alzadas del pleno, con la abstención del BNG. Fue el Ayuntamiento el que requirió la colaboración del IGVS por la "necesidad de suelo industrial para responder a la demanda existente del Concello". El acuerdo obliga al Ayuntamiento a asumir una serie de condiciones que el PSOE y BNG califican de "abusivas". Entre ellas, las de garantizar el abastecimiento y saneamiento del polígono y financiar el 50% de los servicios exteriores.
. Proyecto sectorial al amparo de un plan general que no se aprobó. El convenio de 2001 recogía la redacción de un plan parcial y un proyecto de urbanización, aunque finalmente el Consello da Xunta aprobó en 2005 el Proyecto Sectorial de Actividades Económicas de Arteixo. El polígono se proyectaba en una superficie de 1,5 metros cuadrados de superficie útil. Buena parte del terreno estaba clasificado en las normas subsididiarias como suelo de protección forestal. El proyecto sectorial recogía su recalificación como suelo urbanizable industrial en el plan general de Arteixo. El terreno fue expropiado conforme el valor de su nuevo uso, pero el documento urbanístico no llegó a aprobarse. El planeamiento al que apelaba el Proyecto Sectorial incluía el ámbito del parque empresarial dentro sector (SURB-9), de 4,5 millones de metros cuadrados.
. Protestas vecinales. La asociación de vecinos San Esteban de Morás al proyecto sectorial del polígono de Morás y al plan de expropiación. En sus escritos, el colectivo incidía en el hecho de que la mayor parte del ámbito en el que se proyectaba el parque empresarial estaba calificado como suelo de protección forestal. Los residentes advertían que, según el Decreto 80/2000 de 23 de marzo, "en suelo rústico quedan prohibidas las actuaciones que resulten incompatibles con sus valores ecológicos, medioambientales, paisajísticos...". La asociación advertía además de que el ámbito incluía una parcela de 20 hectáreas en la que se otorgó, con posterioridad a la firma del convenio, una licencia para la plantación de plantas autóctonas. Los vecinos denunciaban además de la cercanía del área empresarial a núcleos rurales y exigía que se extremasen las medidas para reducir al mínimo los daños ecológicos.
