Un afectado por la construcción de la gasolinera de Amil realizó ayer en la sala de plenos una pregunta a los grupos municipales en lo que fue una especie de ensayo de lo que supondrá la aplicación del nuevo Reglamento de Participación Ciudadana. Manuel López Rivas consiguió arrancar de todos los partidos de la corporación su apoyo a la próxima movilización que se celebrará contra la instalación de una nueva área de servicio en la capital municipal.

Los promotores del surtidor, que cuenta con los pertinentes permisos de la Administración, han iniciado las obras de instalación. El alcalde, Manuel Rivas, calificó los trabajos de "parafernalia" para no perder la licencia, ya que los empresarios han solicitado "más tiempo" al Concello para poder alcanzar un acuerdo.

Los vecinos, que temen que la situación sea irreversible, han decidido convocar una segunda movilización para principios del mes de diciembre. Su objetivo es lograr lo que, aseguran, ya se consiguió en Ames o Sarria: derogar la licencia.

La pregunta de este vecino no se pudo realizar durante el pleno, como estaba previsto, ya que los técnicos municipales consideraron que no se ajustaba a lo dispuesto por el Reglamento de Participación Ciudadana. Explican que las cuestiones planteadas por individuos solo pueden referirse a puntos ya recogidos en el orden del día, y este no era el caso. El Concello organizará un foro el próximo mes para explicar a vecinos y asociaciones municipales cómo emplear la nueva normativa.

En la sesión plenaria de ayer y con la abstención de la oposición, el Gobierno local aprobó ayer la anulación de varias partidas reservadas a cubrir gastos de personal, órganos de gobierno y de la administración en general -por valor de 440.478 euros- para reducir el déficit en un 70%.

Sobre la mesa quedó la adhesión de Cambre al servicio de lacería del Consorcio As Mariñas para, según Rivas, completar la documentación y estudiarla con detenimiento.

Además, todos los grupos municipales apoyaron la moción del Partido Socialista para pedir a la Xunta que amplíe las inversiones en el municipio.

Cambre creará una comisión especial mixta, con representantes de los grupos municipales y de asociaciones vecinales y de afectados, para buscar alternativas que eviten los desahucios por motivos económicos en el municipio. Además, en los casos en los que sea posible, garantizará el realojo digno de las familias afectadas.

Este es uno de los puntos de la moción que presentó Esquerda Unida ayer al pleno y que fue respaldada por la oposición en bloque, pero no por el Gobierno local. "¿Qué pretende? ¿Qué el Concello se oponga a la autoridad judicial cuando ordene un desahucio?", argumentó el alcalde, Manuel Rivas, para explicar la abstención de su grupo. Alegó también que la Administración local ya atiende a estas personas y aseguró que así se hizo con el caso del vecino de Brexo-Lema.

La propuesta incluye también el envío de una solicitud al Estado para que apruebe una modificación de la regulación hipotecaria que incluya la figura de dación en pago, para que, en los casos de vivienda habitual, si el banco ejecuta la hipoteca y se queda con la vivienda, se liquide también el total de la deuda. Miembros de Stop Desahucios A Coruña, así como el vecino cuya subasta de la casa ha sido suspendida, asistieron a la sesión.