El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha ratificado la resolución por la que la Axencia Galega da Legalidade Urbanística ordena la demolición de una vivienda construida en el lugar de Campo das Mantas, en la parroquia sadense de Carnoedo, sin licencia y sobre suelo rústico de protección de costas.
En una sentencia dictada el pasado 10 de noviembre, los magistrados admiten el recurso de la Xunta contra el fallo por el que a su vez el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 4 de A Coruña aceptó el recurso del promotor del inmueble contra la resolución de la agencia autonómica y la consideró prescrita. El alto tribunal gallego, no obstante, rechaza que el expediente abierto en vía administrativa hubiese caducado, ya que se inició el 4 de febrero de 2008, se resolvió el 12 de enero de 2009 y se notificó el 21 de enero del mismo año "sin que se constate que hubiese transcurrido un periodo superior a un año entre la radicación de dicho expediente de reposición de la legalidad y la fecha de notificación".
También considera probado que las obras estaban finalizadas a 8 de marzo de 2002 -según se recoge en el informe elaborado por un policía local- y advierte de que la ilegalidad de la vivienda "resulta patente". El dueño intentó legalizar la casa con base a un artículo de la ley 1/97 del suelo de Galicia -derogada por la normativa aprobada en 2002- en el que se recoge la posibilidad de legalizar una edificación ya terminada y sin licencia o en la que se hubiese incumpliendo ésta. Para ello, "el alcalde, dentro del plazo de cuatro años contado desde la total terminación de las obras, incoará expediente de reposición de la legalidad". No obstante, según el Superior los cuatro años tenían que haber transcurrido desde la finalización de las obras y antes de la entrada en vigor, el 1 de enero de 2003, de la ley 9/2002, por lo que la sala ratifica la resolución por la que la Axencia da Legalidade Urbanística declara la vivienda "ilegalizable" y concede a sus dueños un plazo de tres meses para demolerla.
El 28 de diciembre de 2010, la Axencia da Legalidade Urbanística demolía otra vivienda unifamiliar levantada en el mismo lugar, Campo das Mantas, también sin licencia y sobre suelo rústico de protección de costas. Los promotores de ese chalé son los mismos que los de la vivienda que el Tribunal Superior ordena ahora derribar.
Es para esta última para la que el ex concejal de Sada José Luis Santamaría -el tránsfuga del PSOE que en 2004 permitió a Ramón Rodríguez Ares, actual teniente de alcalde, recuperar la Alcaldía a través de una moción de censura- emitió un certificado como alcalde accidental en el que consta que la vivienda tenía más de siete años.
Por ese certificado fue citado a declarar por un presunto delito de falsedad documental. Santamaría aseguró ante el juez que habían falsificado su firma y que había informado de ello a Rodríguez Ares y el entonces edil de Obras, Emilio Gómez, de ahí que el juez los citase como testigo, aunque ambos aseguraron no recordar nada de ese extremo.
El BNG de Sada destacó ayer que el promotor levantó una vivienda de madera de 63 metros cuadrados de superficie "cuando solo tenía licencia para construir una caseta de aperos de labranza de cinco metros cuadrados". La formación recuerda que la obra había sido denunciada por el policía local del Servicio de Urbanismo en 2002, "aunque el entonces concejal de Urbanismo, Emilio Gómez, y el alcalde, Ramón Rodríguez Ares, ambos actuales concejales del equipo de gobierno, toleraron pasivamente la continuidad de las obras". Los nacionalistas recuerdan que en septiembre de 2003, etapa en la que gobernaban, ordenaron la adopción de medidas de reposición de la legalidad urbanística "que quedaron sin efecto tras la moción de censura de enero de 2004".
Añaden que la vivienda, ya finalizada, se escrituró ante notario el 25 de enero de 2005, se registró y se vendió a un tercero. El BNG sostiene que, para ello, el promotor "se amparó en una certificación falsa expedida el 22 de julio de 2004 por el entonces concejal José Luis Santamaría, ejerciendo de alcalde en funciones aunque no tenía delegación para ello". En la certificación se acredita que la vivienda tenía más de siete años de antigüedad y que sobre ella no se había tramitado ni se tramitaba en la actualidad ningún expediente de infracción urbanística. "Ambas cuestiones eran falsas, dado que la obra había comenzado en 2001 y, además, existía un expediente de infracción abierto por el Concello". Tras la denuncia de un vecino, la fiscalía informó de los hechos al Juzgado de Primaria Instancia de Betanzos, donde según recuerda el BNG, se tramita un procedimiento penal contra sus responsables.
