El Bloque de Oleiros considera "disparatada e injustificable" la indemnización de 1,2 millones que pagará el Concello a dos vecinos que denunciaron la ilegalidad de Casa Sara en Santa Cristina. Critica que el alcalde negociase este pago con los denunciantes en lugar de dejar que fuese el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), como es habitual en casos similares, el que fijase la cantidad una vez que cada una de las partes presentase su oferta. El PSOE sin embargo califica de "positivo" el que el Concello haya llegado a un acuerdo aunque también considera, al igual que ha manifestado el BNG y también el PP, que la cuantía de la indemnización es "exagerada".

El BNG añade que al propio Tribunal Superior de Galicia le "debió de parecer exagerada" esta cantidad pues al citarla en el auto emitido el mes pasado, renuncia a aplicar los intereses con carácter retroactivo, que sí suele hacerse en estos casos.

El portavoz nacionalista, Manuel Sarmiento, presentó ayer un escrito dirigido al alcalde para solicitar acceso a toda la documentación relativa al pago de esta indemnización que "el Gobierno municipal pactó con los denunciantes de Casa Sara" a cambio de que éstos no se opusiesen a la inejecución de la sentencia que ordenaba, ya desde 1990, la demolición de las cubiertas. Sarmiento reclama conocer el contenido del escrito que el Gobierno local dirigió al TSXG el pasado junio para reclamar que no se ejecutase la sentencia de demolición. El edil también pide acceso al expediente de la licencia de legalización del edificio, que fue otorgada el 24 de mayo de 2011, "dos días después de las elecciones municipales".

Manuel Sarmiento, en un comunicado enviado ayer, declara que el alcalde debería explicar a los oleirenses las verdaderas razones de tener que pagarle 1,2 millones de euros a los denunciantes" pues, como reconoció el propio regidor la pasada semana, el Ayuntamiento otorgó licencia de legalización a Casa Sara el pasado mayo, así que la demolición, legalmente, ya se evitaba y no era necesario pagar indemnización pues "la inejecución de una sentencia no supone automáticamente el pago de indemnización al denunciante".

Sarmiento cree que esta indemnización de 1,2 millones a dos familias (herederos de Yordi de Carricarte y de Trincado Settier, que son muchos hermanos) por el "daño moral causado por la limitación de vistas" va a figurar en el "ranking judicial de indemnizaciones". Precisa que al ser dos denunciantes recibirán cada uno 600.000 euros por la pérdida de vistas desde que se construyó el inmueble en 1986 hasta su legalización en 2011, es decir 25 años, lo que supone que el Concello, "es decir, todos los vecinos", le abonará 24.000 euros al año. Dicho de otro modo, estos dos denunciantes recibirán el equivalente a 2.000 euros al mes durante 25 años.

El portavoz del PSOE, Luis Vázquez, subraya que una vez que es obligatorio demoler lo "razonable" es llegar a un acuerdo porque se "evitan perjuicios" a los residentes y al Concello le cuesta menos la indemnización que la demolición y reconstrucción.

"Esta solución es lo menos malo", afirma Vázquez, que lamenta que no se hubiese producido "antes" este acuerdo. Subrayó que el promotor en su día construyó de acuerdo al plan general y la licencia pero unos "particulares adinerados" recurrieron "en base a una ley genérica y en defensa del interés público" por las vistas.

El Ejecutivo expuso en su publicación Vivir en Oleiros del año 2006 su intención de iniciar ya la demolición del tejado de Casa Sara debido a la "prepotente y desorbitada remuneración" que pedían los denunciantes, entonces de 1,8 millones de euros, que era lo que costaría tirar y reconstruir. En la publicación se señalaban las casas de los denunciantes y cómo quedaría Casa Sara con la rebaja de la cubierta tras la demolición.