Los dos coinciden en que la sentencia supone "un duro varapalo", pero para sus rivales. El anterior Gobierno local (BNG, PSOE) y el actual (PP, PDSP) creen que el fallo judicial que anula el cambio urbanístico para la ampliación del Sada y sus Contornos avala su gestión. Para López Soto, despeja las dudas sobre la valoración de los terrenos; para Anido, refrenda su decisión de renunciar a la expropiación

El anterior Gobierno local (BNG, PSOE) y el actual (PP, PDSP) discrepan a la hora de interpretar el fallo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que anula el cambio urbanístico para la ampliación d el Sada y sus Contornos por el único motivo que no suscitó debate en la sesión plenaria del pasado 3 de septiembre de 2010 que dio luz verde a la modificación.

El cambio se aprobó con el voto favorable de BNG y PSOE, la abstención del PP, el voto en contra de PDSP y ASU y entre el aplauso de los padres del Sada y sus Contornos que abarrotaban el salón de plenos. Nada se habló en aquella sesión sobre la conveniencia o no de incumplir la suspensión cautelar del Plan del Litoral. El debate, enconado, giró en torno a la valoración del suelo que, incide el BNG, el TSXG avala. El PP no opina lo mismo.

Paradójicamente, para los anteriores y actuales gobernantes, la sentencia que echa ahora por tierra el cambio de uso de residencial a educativo de la parcela avala su gestión y supone "un duro varapalo" para sus rivales en las bancadas.

El exalcalde, Abel López Soto, pone el acento en el hecho de que los jueces anularon el acuerdo "única y exclusivamente" porque vulneraba la orden de Medio Ambiente de suspensión cautelar de los cambios urbanísticos a menos de 500 metros de la costa hasta la aprobación inicial del POL. El exregidor recuerda que fue la Xunta , "gobernada por el PP", la que eximió al Concello de esa suspensión y le autorizó por escrito a seguir adelante con la modificación urbanística.

Para el nacionalista, el TSXG no solo avala su gestión, sino que despeja las dudas sobre la calificación del suelo y la valoración económica de los terrenos. "Contrariamente a lo que señala el Gobierno municipal y los propietarios, el Superior dice que los terrenos deben considerarse suelo urbano no consolidado y considera legal el estudio económico financiero de la modificación en el que se incluía la valoración de los terrenos".

El actual regidor, Ernesto Anido, pasa de puntillas sobre el motivo de la impugnación y sostiene que el fallo judicial "confirma la postura del actual Gobierno local, que optó por no seguir adelante con un proceso expropiatorio que hubiera generado un coste de más de 600.000 euros a las arcas municipales", incide en un comunicado.

La cifra a la que apela responde a la tasación de los terrenos encargada a la empresa Tinsa que elevaba de los 90.000 previstos a 680.000 euros su valoración "en situación básica de urbanizado y no rústica, como dice la oposición", según sostuvo el Ejecutivo local para justificar su decisión de no expropiar los terrenos para la ampliación del centro. "Los 600.000 euros son ilusiones. El TSXG dice claramente que la unidad de actuación 2 (UA-2) no es suelo urbanizado", replicaba ayer el BNG.

Sus argumentos no parece que vayan a variar un ápice la postura del alcalde. Ernesto Anido se mantiene firme en su decisión, que considera avalada por el Superior, mientras que el BNG le insta a tramitar de nuevo la modificación para el cambio de uso de la parcela. Los nacionalistas argumentan que la suspensión cautelar ya no está en vigor y que el TSXG "considera plenamente ajustado a la legalidad el documento". "La tramitación sería rápida y sencilla", dicen. Todo apunta a que su petición no surtirá efecto. El Ejecutivo municipal examina ya dos parcelas para construir un nuevo colegio.