Tras años de litigios, el Supremo ha anulado el último recurso contra el justiprecio de los terrenos expropiados para construir la macrourbanización Costa Miño Golf. El Alto Tribunal ha ratificado el fallo que multiplicó por cuatro el precio fijado inicialmente por metro cuadrado. El precio se verá incrementado por el retraso en efectuar los pagos. La asociación de afectados, que remite ya a nivel particular las valoraciones de cada finca, estima que los intereses de demora suponen ya el 30% del valor de sus fincas

ANTARES PÉREZ | MIÑO La sentencia del Supremo que rechaza el último recurso de Martinsa Fadesa y el Ayuntamiento de Miño contra el justiprecio de los terrenos de la macrourbanización Costa Miño Golf llega tras años de pleitos que han disparado los intereses de demora.

Son más de doscientos los propietarios que, tras años de litigios, tramitan ahora la valoración de sus parcelas para remitírselas al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Al precio final, que multiplica por cuatro el establecido inicialmente -de 6,29 a 25,90 euros-, habrá que sumar el correspondiente al retraso en los pagos.

Según las estimaciones de la asociación de afectados, los intereses de demora suponen ya cerca del 30% del valor de sus fincas, por las que, hasta el momento, solo han recibido el precio fijado inicialmente por metro cuadrado.

El pago de los intereses de demora no será el único gasto adicional derivado de años de juicios. El Supremo condena al Concello de Miño a pagar las costas judiciales, dado que Fadesa desistió mediado el recurso. Así lo establece en los últimos nueve fallos dictados -y cuyo dictamen se extenderá previsiblemente al resto de los resoluciones particulares pendientes-. La sentencia del Supremo fija en un máximo de 2.500 euros la minuta del letrado "dada la entidad del recurso y la dificultad del mismo".

A falta de un cálculo definitivo, los afectados estiman que el Ayuntamiento podría verse obligado a desembolsar más de 200.000 euros, a razón de 1.000 euros por recurso. Consultado ayer sobre el asunto, el Ayuntamiento de Miño, que preside el popular Juan Maceiras, negó estar al corriente de los últimos fallos del Supremo, dictados a mediados del pasado mes, y que desestimaban su alegato de unificación de doctrina y censuraba la falta de "precisión y concreción" de sus argumentos.