ANTARES PÉREZ | SADA El alcalde, Ernesto Anido, lanzó ayer un órdago al PSOE y BNG con el que pretende zanjar la polémica sobre la ampliación del Sada y sus Contornos. El regidor local se mostró dispuesto a aceptar la propuesta de nacionalistas y socialistas, que reclaman que se reanude el proceso expropiatorio una vez que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha avalado la clasificación del suelo y la valoración económica de los terrenos. Pero con condiciones.

A pesar de que ya ha dejado claro que no se plantea ampliar el colegio, el regidor se ofreció a expropiar el terreno "si los concejales del BNG y PSOE avalan con su patrimonio cualquier perjuicio que ello pueda conllevar a las arcas municipales". Sostiene el Gobierno local que no es la primera vez que lanza este ofrecimiento, "sin encontrar respuesta afirmativa entre los miembros de la oposición". "Son más precavidos cuando se trata de arriesgar su dinero que el de los sadenses", ironiza Anido.

Y es que a la hora de calcular los costes del malogrado proyecto, los números del Gobierno y la oposición no cuadran. La sentencia del TSXG que ha anulado la modificación del plan especial del puerto-Fontán para recalificar como dotacional la parcela anexa Sada y sus Contornos y posibilitar así la ampliación del colegio ha propiciado una guerra de cifras entre el Gobierno local y la oposición.

Las formaciones que promovieron el cambio urbanístico ahora anulado, PSOE y BNG, insisten en que el fallo solo estima uno de los siete motivos que alegó el recurrente, el incumplimiento de la suspensión cautelar previa a la aprobación del Plan do Litoral (POL), y avala la valoración económica de los terrenos, que tasaban en 98.000 euros, y su clasificación como suelo urbano no consolidado.

El Gobierno local no rebate la clasificación del ámbito (UA-2), pero pone el acento en el uso del suelo. Tras consultar a los técnicos, el alcalde, Ernesto Anido, aseguró ayer que, de haberse expropiado la parcela en agosto con la calificación de equipamiento educativo, el fallo que anuló la modificación urbanística obligaría ahora a pagar 680.000 euros, la valoración que fijaba el expediente para uso residencial.

A ese coste, el Ejecutivo municipal suma el de posibles indemnizaciones por daños y perjuicios "derivados de una expropiación tramitada erróneamente". "De hecho el uso de ese suelo es residencial, tras la anulación de la modificación, por lo que los propietarios tendrían derecho además a solicitar la reversión de los terrenos", añade.

Mientras que la oposición insta a hacer una lectura en profundidad de la sentencia, el Gobierno local se concentra en el fallo. "Simple y llanamente anula sin más la modificación del plan que el anterior Ejecutivo municipal promovió de forma tan tozuda como temeraria", recalca Anido. El alcalde resta valor a los argumentos de BNG y PSOE, que insisten en que el Superior impugnó la modificación urbanística por un "defecto de tramitación" imputable a la Xunta, que le eximió de la suspensión cautelar del POL.

Por este motivo, nacionalistas y socialistas abogan por reanudar el proceso, subsanar ese "defecto" y proporcionar una solución "más ágil y económica" a una "demanda histórica" de la comunidad escolar. Todo apunta a que no surtirá efecto. El ofrecimiento del alcalde a reanudar el proceso, previo compromiso de PSOE y BNG a acatar las consecuencias, no le impide concluir que, "una vez descartada la viabilidad de ampliar el colegio", ya trabaja en otras soluciones para construir un nuevo colegio con "mejores condiciones de accesibilidad" y "menor coste de adquisición".