ANA BLASCO | CULLEREDO El Concello de Culleredo reclama más de 125.000 euros al Consorcio Galego de Servicios de Igualdade e Benestar por el mantenimiento de las escuelas infantiles inscritas en la red de A Galiña Azul, durante los años 2008, 2009 y 2010. Sin embargo, la Xunta mantiene la versión contraria y asegura que es la Administración local la que le adeuda dinero por este concepto.

En virtud del convenio de gestión de estas guarderías, la Consellería de Traballo e Benestar debe hacerse cargo de un 70% del total de estos gastos, mientras que el resto lo sufragará el Concello. El motivo de la discordia parece estar en los servicios que cada una de las administraciones considera que tienen cabida dentro de la denominación "gastos de mantenimiento".

La primera teniente de alcalde y responsable del área municipal de Servicios Sociales, Raquel Jabares, asegura que es el Concello el que está prestando todos estos servicios, por los que ha facturado 125.065,32 euros a la Xunta. Así, por 2008, cuando solo estaba inscrita en la red de Galiñas Azuis el centro Tartaruga (Fonteculler), reclama 23.532,24 euros, de los 33.617,49 euros invertidos. Las escuelas de O Burgo y Fonte da Balsa (Vilaboa) se sumaron al Consorcio en 2009. Por ese año, la Administración local exige a la autonómica 54.045.35 euros y por 2010, 63.701,34 euros.

Por su parte, desde el consorcio alegan que también está prestando otros servicios que están incluidos en esos gastos. Explican que no recibieron las certificaciones de los gastos municipales de 2008 y 2009 hasta octubre de 2010 y que le remitieron al Concello las liquidaciones autonómicas en junio de 2011. Sostienen que, en cifras aproximadas, reclamó 33.000 por el primer ejercicio y 222.000, por el segundo, de lo que se deduce un saldo favorable al Consorcio.

"Nos mandaron una carta en la que decían que teníamos que pagar, ponían una cantidad sin especificar a qué correspondía y un número de cuenta", censura Raquel Jabares que reitera que el Concello se hace cargo de todos los gastos de mantenimiento. "Sospechamos que la Xunta entiende que el gasto de personal entra en el de mantenimiento", critica. La primera teniente de alcalde destaca, además, que este desacuerdo no responde a cuestiones políticas ya que la liquidación de estas cuantías es una labor que corresponde al departamento municipal de Intervención y no a los concejales.

La Consellería de Traballo e Benestar indica que el Concello tuvo la oportunidad de manifestar de forma oficial su disconformidad durante el período de alegaciones abierto e informa de que Culleredo no hizo uso de él, extremo que Raquel Jabares desmiente. "Sí que presentamos alegaciones", asevera la edil.

En lo que sí coinciden ambas administraciones es en que tienen una reunión pendiente para abordar este asunto.