El Gobierno local de Culleredo aprobó ayer en solitario el plan de ajuste que exige Hacienda para la concesión del anticipo del Instituto de Crédito Oficial (ICO). El documento, que prevé un ahorro de 1,7 millones y un incremento en los ingresos de 2,2 millones, sale adelante con los apoyos de PSOE y BNG y con el voto en contra del PP y la abstención de Agrupación Progresista de Culleredo (APdeC).

Los dos grupos de la oposición incidieron en el pleno de ayer en denunciar que la petición del crédito, con que el Ayuntamiento reforzará sus fondos para pagar los 2.120.000 euros que debe a proveedores, elevará la deuda del municipio a más de 11 millones. El portavoz de APdeC, José Ramón Rioboo, consideró que "este plan llega tarde y mal" y advirtió de que la concesión del anticipo supondrá "dos millones de euros al año hasta pagar todo". El portavoz popular, Antonio Cañás, acusó al alcalde guardar facturas "en el cajón" y recordó que, entre los recibos pendientes de pago, figuran algunos de 2007.

El alcalde negó que existan facturas sin registrar y aseguró que los fondos del Concello son suficientes para abonar los pagos pendientes sin necesidad del crédito: "Podríamos pagar si hubiéramos querido; está como prueba la caja del Ayuntamiento". El regidor municipal sostuvo que el Gobierno local pide el anticipo "por cautela" en previsión de una posible caída en las transferencias del Estado "si la crisis se profundiza". Cañás criticó que, si la caja es suficiente, se endeude más al municipio: "Dice que hay dinero pero decide que debamos aún más". El portavoz popular propuso como medida de ahorro que se reduzcan las retribuciones en un 50%.

Rioboo reprobó las consecuencias que, augura, tendrá la aplicación del plan de ajuste en los servicios de que podrán disfrutar los vecinos. "Es evidente que ustedes van a mermar los servicios públicos", aseveró el portavoz de APdeC. El alcalde, en cambio, garantizó que los servicios serán "los mismos pero de otra manera". Sacristán defendió que el plan de ajuste es "el que menos daño hará a los servicios municipales". El regidor local aseguró que ejecutará el grueso del plan con independencia de que reciba o no el visto bueno de Hacienda, que deberá remitir su evaluación en un plazo de 30 días. El alcalde apuntó, además, que el plan se revisará cada año y estará controlado por el Ministerio de Economía.

PP y APdeC coincidieron también en reprobar la falta de concreción y el escaso desarrollo de los puntos que recoge el documento y consideraron escasa la información facilitada con anterioridad por el Ejecutivo municipal. "Son quince folios de plan que cabría en cinco", aseguró Rioboo, y recordó que un plan de ajuste aplicado a la emisora municipal había constado de "cuarenta folios". El alcalde respondió que el Gobierno local se ciñó en la elaboración del plan a "lo que pide el Ministerio" y que existen "unos epígrafes y programas informáticos" conforme a los cuales elaboraron el documento que, señaló, es una propuesta.

El alcalde recordó que el Ayuntamiento vería más holgadas sus arcas si hubiese recibido ya los pagos que le adeudan el Ejecutivo central y el autonómico y la Diputación. Sacristán reiteró que la suma de los pagos pendientes por parte de las tres administraciones asciende a "casi cuatro millones", aunque Xunta y Diputación aseguraron deber menos.

La primera teniente de alcalde, la nacionalista Raquel Jabares, criticó el decreto ley en virtud del cual el Gobierno central requiere a los concellos planes de saneamiento para la concesión de créditos. Jabares denunció que se favorecerá a los concellos "con menos prestación de servicios" en lugar de "hacer un análisis crítico" y valora "el esfuerzo" de los concellos que cuidan más la atención a los vecinos.