El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) emitió un auto la pasada semana en el que rechaza más demoras y ordena al Ayuntamiento de Sada que ejecute una sentencia de 2002 y lleve a cabo la demolición de una vivienda en Veigue, junto a la playa de Cirro, por exceso de altura y número de plantas.
El TSXG otorga un plazo de quince días al Concello para que demuestre que ha empezado a tramitar las actuaciones necesarias para cumplir la sentencia pues en caso contrario "podrían tomarse las medidas necesarias" e incluso "la imposición de una multa".
El Alto Tribunal gallego ya requirió al Concello de Sada que cumpliese la orden judicial en noviembre de 2011 pero el Concello alegó que antes de ordenar el derribo tenía que esperar a que se resolviese un incidente de inejecución presentado por el Ayuntamiento en 2006 así como otra petición similar del propietario afectado en 2007. Los magistrados, en el auto emitido ahora, desestiman estos recursos de reposición del propietario y el Concello.
Los hechos se remontan a 1998. Un propietario con vivienda en Cirro denunció la vivienda de su vecino por exceso de altura y plantas: debía computarse como planta sobre rasante un semisótano, que no estaba amparado por las licencias de obras otorgadas en 1991 ni en 2001 con la legalización de la planta sótano. Al ser ilegal el semisótano, su demolición implica en la práctica la demolición de toda la vivienda. El propietario, en abril de 2003, solicitó al Superior la inejecución de sentencia por "imposibilidad legal" pero el TSXG lo desestimó en un auto de 2004 y otro de 2005, en los que decía que no son posibles legalizaciones parciales y que para inejecutar una sentencia es necesaria una licencia global de lo edificado.
El afectado también pidió licencia al Concello en diciembre de 2003 y este solicitó informe al arquitecto de la Diputación, que fue favorable. Tras la moción de censura en Sada, el nuevo Ejecutivo no otorgó la legalización aunque el propietario lo pidió varias veces en 2006. El Concello solicitó al TSXG que informase si procedía o no darle la licencia de legalización y los magistrados dijeron que no. El afectado también denunció la vivienda del vecino denunciante al estar en servidumbre de protección de Costas.
