El dictamen del Consello Consultivo de Galicia que rechaza la rescisión del contrato de Costa Miño Golf a Fadesa ha sido acogido con cautela por el Ejecutivo municipal y con indignación en las bancadas de la oposición. El Gobierno local de Miño no comparte las conclusiones del informe y ha remitido un escrito al Consello Consultivo con una serie de "aclaraciones" que, confía, podrían variar la resolución del órgano fiscalizador.
El grupo municipal del PSOE, que nunca ocultó sus dudas sobre los problemas jurídicos que podrían derivarse de la resolución contractual, exigió ayer la dimisión del alcalde, Juan Maceiras, del concejal Jesús Veiga, y de los asesores Carlos Abal y Juan Herva, exconcejal del Concello. Los socialistas consideran "más que probada la ineptitud de todos ellos en su deber de defender los intereses de Miño" y plantea ya la posibilidad de exigir responsabilidades legales "por la mala fe que acredita el informe del Consello Consultivo".
El informe del organismo fiscalizador da una vuelta más al cada vez más intrincado desarrollo urbanístico de la macrourbanización de Perbes. Fadesa, que amenazó hace ya meses con emprender acciones legales contra el Ayuntamiento si rescindía el contrato, dispone ahora de una resolución que avala una a una sus alegaciones y que, probablemente, fuerce al Gobierno local a dar marcha atrás y desistir de su propósito. "Hemos pedido aclaraciones, pero creo que no nos iremos fuera de lo que nos informe el Consultivo y los juristas", respondía ayer el primer teniente de alcalde, Jesús Veiga, que firmó el primer contrato con la empresa, en 2001.
El informe es claro y contundente. Todos los miembros del Consultivo consideran probado que el Concello obró de mala fe al aprobar la resolución del contrato. En su opinión, la anulación del acuerdo "carece totalmente de fundamento" ya que, consideran, la única responsabilidad probada es la Administración local. Recalcan que, de considerar que la consignación de los avales para afrontar el pago del justiprecio constituía una obligación esencial de la empresa, debería haberlo hecho constar en el pliego de condiciones del contrato.
La solución para los expropiados más que acercarse, se aleja. Al menos, eso teme el PSOE, que lamenta que, transcurridos diez años del inicio del caso Fadesa, "el problema inicial de los expropiados, que todavía no han cobrado sus terrenos, se haya extendido a todos y cada uno de los vecinos de Miño". Su portavoz, Manuel Vázquez Faraldo, denuncia que el Gobierno local "ha conseguido enmarañar de tal forma la situación que cada vez es más probable que sea el Ayuntamiento el que tenga que hacerse cargo de abonar el justiprecio de los terrenos y además la millonaria indemnización que pide la empresa".
De cumplirse sus vaticinios, Miño "se vería abocado a la ruina más absoluta", advierte el PSOE, que incide en que el conflicto de la urbanización "es producto de una tramitación ilegal, de la omisión de la exigencia de los avales correspondientes, del completo desdén hacia los propietarios y del desprecio a cuantas advertencias se hicieron desde el grupo socialista".
