Los dos grupos del bipartito de Sada (PP y PDSP) se abstuvieron ayer en la comisión informativa previa al pleno del próximo lunes en la que se debatirá la dimisión de Ramón Rodríguez Ares tras la condena a una inhabilitación de seis meses por un delito de desobediencia.

PSOE y BNG dictaminaron a favor del cese, pero PP y PDSP eludieron pronunciarse alegando no tener "constancia oficial" del fallo pese a que tanto el regidor, Ernesto Anido (PP), como el primer teniente de alcalde, Ramón Rodríguez Ares (PDSP), se han pronunciado en más de una ocasión sobre el contenido de la sentencia, que le fue notificada al interesado el pasado 12 de junio, y de la que ambos han confirmado que está en fase de recurso.

Los dos grupos se reservan su voto para el pleno. La sesión fue convocada a instancias del BNG y llega dos meses después de que se hiciese pública la sentencia. Consultado sobre el motivo de la abstención, un portavoz municipal declaraba ayer que el Ejecutivo municipal está siguiendo "escrupulosamente" las recomendaciones del secretario municipal, que emitió un informe el pasado 31 de julio.

El Gobierno local colgaba el pasado 2 de agosto un comunicado en su página web para informar a los vecinos sobre el contenido de este informe, pero solo de parte. El comunicado, que titulaba El secretario confirma que en el Concello no existe constancia oficial de la sentencia que inhabilita a Rodríguez Ares, reproducía algunas de las advertencias del habilitado nacional. En primer lugar, que las sentencias que BNG y Anova adjuntaron al escrito para exigir la dimisión de Ares "no ofrecen garantía de certeza e integridad"; después que los funcionarios "no pueden entender ni admitir intentos de mediatizar el ejercicio de su función", en alusión a los escritos de los nacionalistas, y, por último, recomendaba solicitar al juzgado la sentencia.

El comunicado del Concello omitía cualquier referencia a las conclusiones del secretario sobre la incompatibilidad de Rodríguez Ares. El informe, de siete páginas, advertía sin embargo que, según el Reglamento Orgánico de Funcionamiento de las Entidades Locales, "los concejales deberán observar en todo momento las normas sobre incompatibilidad y deberán poner en conocimiento de la Corporación cualquier causa que pudiese constituir causa de la misma". El funcionario encargado de velar por la legalidad en la gestión municipal confirmaba además que, según lo establecido en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General "una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público (...) supone la incursión de dicho concejal en causa de inelegibilidad sobrevenida y, por tanto, de incompatibilidad, sin necesidad de esperar a la firmeza de la sentencia".

Por todo ello, el funcionario concluía el informe advirtiendo de que "el alcalde debía en primer lugar solicitar la sentencia al juzgado y que, una vez confirmada la condena, "de no producirse la renuncia del interesado, deberá someterse al pleno la declaración de cese por incompatibilidad y la correspondiente vacante en el seno de la Corporación, que se comunicará a la Junta Electoral para su cobertura". El funcionario finalizaba advirtiendo de que "en tanto que estas actuaciones se sustancian, tanto el concejal afectado como la Alcaldía deberán tomar las medidas oportunas para hacer efectivo el deber de abstención de aquel".

El Gobierno local recalcaba ayer que siete días después de conocer las conclusiones del informe, el 7 de agosto, dio orden a los servicios jurídicos de que requiriesen la sentencia al Juzgado de lo Penal número dos de A Coruña y le solicitasen instrucciones sobre los pasos a seguir para cumplir la sentencia. "Cumpliremos a pies juntillas lo que diga", recalcaba ayer un portavoz municipal, que informó de que aún no han recibido respuesta del juzgado.

Aunque el Gobierno local mantiene que dieron la orden el pasado 7 de agosto, la solicitud no tuvo entrada en el juzgado hasta el día 24, según la copia que obra en el expediente. El BNG emitió ayer un comunicado en el que acusa al alcalde, Ernesto Anido, de utilizar "intolerables maniobras dilatorias" y "amparar a un condenado penalmente en su gobierno". "El alcalde, en un alarde de agilidad administrativa, tarda un mes en entregar un escrito en el juzgado", critica la formación. El Bloque insta al alcalde a "recapacitar" y votar favorablemente la propuesta de cesar a Rodríguez Ares de su cargo. "No queda otra opción", advierte su portavoz, Abel López Soto, que acusa a Anido de utilizar "excusas infantiles" para retrasar la dimisión de su socio de gobierno.