Oleiros

Una juez ve indicios de delito, en contra del fiscal, en compraventas del alcalde

El juzgado, tras una denuncia en 2006 por la supuesta actividad del regidor como promotor, resuelve el archivo de la causa excepto para el delito de negociación prohibida a funcionario

 05:05  
El alcalde de Oleiros, ayer en la Casa Consistorial donde hizo público el auto. / carlos pardellas
El alcalde de Oleiros, ayer en la Casa Consistorial donde hizo público el auto. / carlos pardellas  

MARTA VILLAR| OLEIROS El Juzgado de Instrucción Número 5 de A Coruña emitió un auto el pasado día 6 en el que acuerda el "sobreseimiento provisional parcial" de la querella presentada en 2006 contra el alcalde de Oleiros por los presuntos delitos de prevaricación, información privilegiada, tráfico de influencias o negociaciones prohibidas a funcionarios públicos a causa de su actividad de compraventa de fincas en As Galeras e Iñás y su posible consideración como promotor.

El regidor, Ángel García Seoane, considera que la magistrada pudo incurrir en "una posible prevaricación" por ir en contra de dos informes de la Fiscalía que no apreciaron indicios de ningún delito por lo que solicitaron el archivo de la causa y también pudo incurrir en una dilación indebida por tardar más de seis años en resolver sobre la querella. Por esta razón presentará una denuncia contra ella ante el Consejo General del Poder Judicial.

La querella fue formulada en su día por la Fiscalía Provincial y el ex concejal del Partido Popular Pablo Cobián como acusación popular pero en marzo de 2011 y en marzo de 2012 el fiscal solicitó el archivo de la causa al considerar que los delitos que se atribuían a Ángel García Seoane "no aparecen suficientemente justificados".

La jueza en su auto coincide con la Fiscalía y rechaza todas estas acusaciones excepto una: considera que sí "existen indicios de que los hechos pueden ser constitutivos de un delito continuado de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos", tipificado en el artículo 441 del Código Penal y que se castiga con penas de hasta seis años de prisión y cuatro años de inhabilitación para cargo público.

El auto judicial revela que la acusación popular, el ex concejal Pablo Cobián, solicitó este mismo año al juzgado, el pasado 9 de enero, que practicase nuevas "diligencias" sobre este caso. Cobián pidió estas diligencias tres meses después de dimitir como concejal y diputado (octubre de 2011) tras ser imputado en la Operación Campeón por mediar con la Xunta, supuestamente, para que concediesen subvenciones al empresario Jorge Dorribo.

"Es una sentencia que raya en la posible prevaricación"; "es una animadversión clarísima contra mi persona, contra una persona honesta, capaz, honrada, con una ideología"; "la jueza debía resolver en seis meses según las normas pero en seis años no resolvió", declaró ayer Ángel García Seoane tras dar a conocer públicamente la resolución del Juzgado de Instrucción Número 5 de A Coruña.

Seoane recordó que la Fiscalía , tanto en su dictamen de 2011 como el de este año, concluyó que en las actuaciones del alcalde "no se cumplen los requisitos" del delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos porque la jurisprudencia exige que la actividad profesional se desempeñe "con una cierta permanencia" y él sólo hizo compras "de forma esporádica" , no "profesional", y para su provecho.

García Seoane señaló que en la denuncia presentada en su día tras informaciones publicadas en medios de comunicación sobre su actividad de compraventa de fincas y supuestas recalificaciones, respondía a una "campaña" contra él por parte "del que representaba aquí al PP" y "la mano oscura detrás del PSOE", pues en aquellas fechas faltaba poco para las elecciones municipales (fueron en mayo de 2007).

"Tras la denuncia pidieron documentación a Hacienda, a los registros, se me pincharon los teléfonos casi con toda seguridad..." agregó.

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