El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 4 de A Coruña ha aceptado la solicitud del alcalde de Vimianzo de abonar a plazos los intereses de la deuda por la Casa da Cultura.

El Concello realizó una liquidación positiva del presupuesto de 2011 y pudo conseguir así el crédito necesario para abonar los 740.000 euros del sobrecoste del inmueble construido por el hermano del exalcalde al que la Justicia le dio la razón. Sin embargo, Vimianzo no tenía más dinero para poder pagar, además, los intereses de esta deuda, que ascienden a 131.238 euros, por lo que solicitó al juzgado un plan de pagos.

El alcalde de Vimianzo, Manuel Antelo, presentó un escrito al juzgado el pasado mes de marzo en el que exponía que debido a la "mala situación económica" el pago inmediato de los intereses de esta deuda con cargo a los recursos ordinarios del Concello "provocaría un problema muy serio de Tesorería" que generaría incluso "retrasos de varios meses en los pagos de nóminas y otros pagos preferentes". Un informe de la Diputación además concluyó que los intereses no podían pagarse con cargo a otro crédito.

La titular del Juzgado de lo Contencioso tuvo en cuenta el hecho de que el Ayuntamiento vimiancés abonó la deuda principal, los 740.000 euros, así como el primer plazo de intereses, el pasado mes de junio (10.000 euros), por lo que acepta el pago fraccionado. Son en total seis pagos, cada seis meses, y el último (31.238 euros) se efectuará el 5 de diciembre de 2014. La juez advierte de que si se incumple alguno de estos plazos de pago el beneficiario, el constructor de la Casa da Cultura, podrá reclamar el abono total de los intereses.

El Juzgado de lo Contencioso administrativo número 4 de A Coruña en 2010 condenó al Concello a abonar 739.484 euros y los intereses desde 2008 a Manuel Rodríguez Lema, por las obras que ejecutó en la Casa da Cultura y que no figuraban en el contrato. El juzgado resaltó que el arquitecto municipal reconoció que las obras se hicieron "a mayores de las contratadas" pero "eran necesarias para terminar el edificio". El Tribunal Superior en 2011 confirmó el fallo.