El pleno aprobó ayer la relación de obras a financiar con cargo a un plan de la Diputación dotado de 200.000 euros. El Ejecutivo municipal destinará la mitad de las ayudas a gasto corriente e invertirá el resto en acondicionar dos centros sociales y en recuperar la piedra de la calle San Francisco y la plaza Fernán Pérez de Andrade. La propuesta se aprobó con el votó a favor del PP y la abstención de BNG y CxB.

Se trata de dos de las principales calles del casco histórico. En la calle San Francisco, una de las más concurridas de la Ciudad de los Caballeros se ubican las iglesias de Santa María y San Francisco, ambas del siglo XIV.

La actuación prevé el acondicionamiento de la zona del mercado en la esquina de Pescadería hasta la parte baja de la calle, dejando para una fase posterior el tramo comprendido entre esta zona y la puerta del puente nuevo.

Los trabajos consistirán en la reparación y restauración de la piedra e incluirán también la plaza Fernán Pérez de Andrade. El Gobierno local propone también el acondicionamiento y pintado de los centros sociales de Guiliade y Castro.

El Gobierno local dio también cuenta al pleno de la solicitud presentada ante el Ministerio de Empleo de la cesión temporal de espacios en el edificio propiedad del Patrimonio Sindical, situado en la avenida de A Coruña, en el entorno del parque Pablo Iglesias. Según explicó el Ejecutivo municipal, el objeto es que las entidades próximas a la zona puedan utilizar algunas de las salas vacías.

El pleno sirvió también para aprobar una moción de CxB para establecer un plan de concienciación y control de las zonas de botellón. Todos los grupos aceptaron la propuesta a excepción del BNG, que manifestó sus dudas sobre su finalidad.

La sesión dio luz verde además una iniciativa de los nacionalistas sobre la promoción y práctica del deporte escolar y otra de los independientes sobre el establecimiento de un protocolo de limpieza y mantenimiento del parque de O Pasatempo. El pleno rechazó por segunda vez la moción del BNG sobre la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos.