El juzgado número 2 de Betanzos ha citado a declarar como imputado el próximo 5 de abril al alcalde de Vilasantar (PP), Fernando Pérez, por un supuesto delito de prevaricación. La imputación surge a raíz de la querella criminal interpuesta por el Bloque Nacionalista Galego (BNG) al responsabilizar al regidor de la caducidad del expediente de pago de cantidades de dinero que el aparejador municipal, tío de Fernando Pérez, le solicitó a diversas empresas en concepto de honorarios por trabajos de dirección de obra.

El mandatario de Vilasantar, que admite su imputación, afirma que la caducidad de dicho expediente está avalada por el informe del secretario municipal. Sostiene que en este documento el técnico indica que la caducidad "viene sobrevenida por el mero paso del tiempo", según traslada en un comunicado remitido ayer por el Concello. "Se trata de una venganza por haber desmontado la red clientelar que el BNG tenía montada en el Concello", apostilla el alcalde.

La portavoz del BNG y exalcaldesa, Manuela García Freire, explica que los hechos comenzaron el 24 de febrero de 2010 cuando, con ella al frente de la Alcaldía de Vilasantar, una empresa le comunicó que el aparejador municipal le había solicitado una cantidad de dinero en concepto de honorarios por dirección de obra. "Yo no me lo podía creer", asegura. El importe, apunta, equivalía al 4% del presupuesto de la obra. Fue entonces, según relata la nacionalista, cuando solicitó tanto al interventor como al secretario un informe sobre la legalidad de los hechos denunciados. Una vez conocido el informe, la entonces alcaldesa dictó una resolución para que se incoasen las diligencias informativas sobre la denuncia verbal contra el aparejador municipal.

Realizadas las diligencias, relata la denunciante en la querella, el secretario municipal dictó en diciembre de 2012 una propuesta de resolución en la que queda constancia de que el aparejador percibió de forma habitual un porcentaje sobre el total del importe de las obras en concepto de honorarios por dirección de obra sin que constase ningún acuerdo que autorizase esta actuación que podría considerarse, advierte, como falta "muy grave".

La exregidora explica que la tramitación del expediente disciplinario se realizó cuando estaba a punto de extinguir el anterior mandato y, cuando solo faltaba la resolución definitiva, se celebran las elecciones municipales y el PP gana la Alcaldía. Los nacionalistas aseguran que el regidor era conocedor de este expediente, provocó su caducidad y se negó a informar al pleno sobre la situación de este caso.

Transcurrido el plazo oficial, de seis meses, el aparejador y tío del alcalde, solicitó la declaración de nulidad de expediente, que se llevó a cabo por un decreto firmado por el teniente de alcalde que, lamentan, no tomó medida alguna para reiniciar el proceso.

El mandatario de Vilasantar, que avanza que solicitará un informe para analizar la posibilidad de reabrir el expediente sancionador, asegura que cuando él llegó a la Alcaldía "quedaba un mes como mucho para la caducidad".

Desde el Consistorio municipal afirman que las acusaciones del BNG "faltan tanto a la verdad" que ni siquiera es el alcalde es que dirige el expediente ya que, explican, se abstuvo por su relación de parentesco con el trabajador municipal, que ejerce como aparejador en el Concello de Vilasantar, según apunta la exalcaldesa, desde principios de los ochenta.