El Concello de Sada ha declarado nula la licencia concedida en 2006 por el Gobierno de Ramón Rodríguez Ares para la legalización de una edificación auxiliar que promovía Ininfer en el lugar de Trasín, en Mondego. Tuvieron que pasar siete años para que el Ayuntamiento anulase este permiso, que fue objeto de reiteradas denuncias por parte del residente en la vivienda que lindaba con las obras.

Según relata este afectado, un muro con más altura de la permitida le privó de la luz y las vistas de las que disfrutaba desde una de las estancias de su casa y el promotor levantó una chimenea a ocho metros de su dormitorio.

El Ayuntamiento rechazó una y otra vez los recursos de este vecino, que "harto" de presentar escritos, informes y testimonios que avalasen sus requerimientos llamó a las puertas del Valedor do Pobo y la Axencia de Protección da Legalidad Urbanística, que el pasado año, en contra de lo que mantuvo el arquitecto municipal -Enrique Roel-, constató una infracción grave contra el territorio y urgió tomar medidas. El Consello Consultivo ha dado ahora la razón al afectado y el pleno ha revocado la licencia.

Más allá del conflicto vecinal, este afectado sostiene que su odisea le ha mostrado el peor perfil de la Administración más próxima al ciudadano. Los hechos se remontan a 2005, año en que arrancaron las obras. Según relata el afectado, responsables del Gobierno local se trasladaron hasta la vivienda a raíz de su denuncia, pero no ordenaron paralizar los trabajos hasta seis meses después y para entonces, lamenta, ya habían finalizado.

En 2006, el Concello concedió una permiso para la legalización de las obras, arguyendo que la edificación cumplía los requisitos por su carácter tradicional. El arquitecto municipal emitió otra vez un informe favorable y rechazó los recursos del afectado, que presentó fotografías aéreas anteriores y testimonios de los vecinos del entorno para demostrar que no se trataba de una edificación tradicional. Todo sin éxito. El recurrente contrató entonces a un arquitecto que emitió un informe que daba cuenta del incumplimiento de varias ordenanzas por la altura de los muros y la proximidad de la chimenea a la vivienda.

Este afectado, relata que contó entonces con el apoyo del BNG, que se ofreció a ayudarle con su primer recurso pero que, critica, una vez en el gobierno no respondió a sus requerimientos para anular el permiso. Tras numerosos escritos al Ayuntamiento sin respuesta, en 2011, la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística instó al Consistorio a revisar el permiso, cuya anulación ha avalado el Consello Consultivo. El afectado apela a los costes, tiempo y problemas que le ha costado este proceso " a lo largo de tantos años". "No hay dinero que lo pague, salvo esta satisfacción", sostiene, al tiempo que agradece el apoyo de sus vecinos y que haya "órganos objetivos e imparciales", en alusión a la Axencia o el Consultivo. "Ahora espero que el Ayuntamiento actúe conforme manda la ley", confía.