Los dos sindicatos agrarios mayoritarios, Unións Agrarias y Xóvenes Agricultores, acompañados de representantes del sector en la comarca de Bergantiños, denunciaron ayer las graves consecuencias que tendrá la mina de oro de Corcoesto (Cabana) para toda la zona y exigen a la Xunta información clara sobre el proyecto, además de implicar a "expertos independientes" en la materia. Los representantes sindicales criticaron que hasta ahora no hubiese ningún pronunciamiento de la Consellería de Medio Rural y lamentaron que las únicas informaciones que reciban sean de la empresa promotora, que, en su opinión, son "muy sesgadas". UUAA y XXAA insistieron en que el actual proyecto de la empresa es incompatible con el sector primario, ya que, según las informaciones que tienen de estudios realizados por expertos de la Universidade de Vigo, se utilizan procedimientos "que son los más baratos y los que más riesgo entrañan", según indicó ayer el técnico de XXAA, Juan García Pose.

García Pose alertó de que 1.452 explotaciones agrarias de Bergantiños, que dan trabajo a 2.714 personas, con una facturación de más de 80 millones de euros anuales, se verán gravemente afectadas por la mina de oro, de ahí que exista una gran incertidumbre en todo el sector, que está alarmado por los estudios publicados. García Pose advirtió de la utilización de grandes cantidades de productos tóxicos, como es el cianuro, ya que se prevé la utilización de una tonelada y media cada día. "Una cantidad suficiente para envenenar a toda la población de Galicia", según indicó el secretario comarcal de UUAA, Ramón Saleta.

Ramón Saleta también calificó de "expolio" el proceso de expropiación que pretende realizar la empresa, al pagar los terrenos a 1,2 euros por metro cuadrado, cuando en su opinión, cuesta "como mínimo entre cinco y ocho euros". El representante sindical aseguró que no pueden sacrificarse los empleos actuales del sector "a cambio de 133 empleos durante ocho años" y también insistió en que el proyecto afecta a toda la comarca, por lo que otros colectivos como los mariscadores y Cofradías de Pescadores también deberían movilizarse. Según indicó, la contaminación aérea afecta a un radio de entre 15 y 20 kilómetros, de ahí la preocupación del sector ganadero y agrícola.

"Tenemos que realizar análisis todo el año y en el momento en que encuentren algún residuo no comprarán nuestros productos, de algo que nosotros no tenemos culpa", matizó un horticultor de Agualada (Coristanco), José Manuel Rial.