El titular del Juzgado de instrucción número 1 de Camariñas ha dictado un auto de apertura de diligencias previas para investigar al alcalde de Camariñas, el socialista Manuel Valeriano Alonso de León, a la Junta de Gobierno Local y al cura párroco, Juan Nieto Baneira, en calidad de presidente de la Fundación Fernández Espín, por supuestos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias. El magistrado admite que los hechos denunciados por dos particulares "presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito de prevaricación administrativa y tráfico de influencias". Esta redacción intentó ayer sin éxito conocer la versión del alcalde.

La investigación judicial se centra en la recalificación de unos terrenos que antiguamente pertenecían a la Fundación Fernández Espín y fueron adquiridos por los denunciantes, que pasaron de ser urbanizabais a sistema local de equipamientos y dotaciones en el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) aprobado recientemente. Con esta nueva clasificación los propietarios no podrán edificar y el solar podrá ser expropiado por el Concello para un edificio público o zona verde.

Según el abogado de los demandantes, Sebastián Lorenzo Viejo, se trató de una recalificación "presuntamente ilegal al no seguirse ninguno de los procedimientos administrativos previstos en la Ley de Ordenación Urbana de Galicia y ser informado de manera desfavorable por la secretaria y el interventor del Ayuntamiento" al acuerdo de la Junta de Gobierno local del 25 de febrero del 2011 en el que se aceptaron las condiciones impuestas por la Fundación Fernández Espín para la donación de los terrenos donde se construye el tanatorio municipal, que también está en los juzgados.

A cambio de recibir ese solar, el Concello se comprometió a recuperar todos los bienes que pertenecían a la fundación e incorporarlas al planeamiento como equipamiento municipal. En la denuncia se detalla que en la aprobación inicial del plan general y en su exposición pública el solar de los demandantes figura como suelo urbano de casco histórico, pero como consecuencia del acuerdo suscrito entre el Concello y la fundación se cambia esa clasificación "sin exponerse al público ni comunicarlo a los propietarios", por lo que éstos se enteraron al publicarse en la página web del Concello, después de su aprobación.

A la denuncia presentada hace unos meses por el matrimonio afectado se incorporó en el pasado mes de febrero nueva información relativa al polémico tanatorio municipal y la sentencia del juzgado de lo contencioso-administrativo número 3 de A Coruña que exige la paralización del edificio funerario por supuesta usurpación de unos terrenos particulares.

Según el letrado, el alcalde conocía las irregularidades del proceso de donación de los terrenos, pero "en connivencia con los miembros del órgano provisional de gobierno de la fundación decidió aceptar una donación condicionada de quien no podía otorgarla con el agravante de asumir unas condiciones ilegales, admitidas sin seguir ningún procedimiento administrativo por el mero capricho y voluntad de los querellados". El juez ya solicitó al Concello toda la información relativa a este asunto.