"¿Le queda claro que no puede grabar?", preguntó el alcalde, Carlos Calvelo. "Sí", respondió un asistente entre el público que no dejó de filmar. "¿Va a volver a grabar?", insistió el regidor. "Sí". Esta es la conversación que mantuvieron el mandatario arteixán y un vecino y que precedió a la expulsión de dos asistentes al pleno que pretendían filmar la sesión en vídeo tras sospechar el alcalde que se trataba de militantes del BNG.
Habían transcurrido quince minutos de la sesión cuando dos personas accedieron al salón de plenos con una videocámara con la intención de filmar el debate. Al percatarse de ello, el regidor dio aviso a la Policía Local. Los agentes ordenaron apagar la cámara mientras que los dos vecinos insistieron en la legalidad de sus actos y reclamaron de forma reiterada que se les mostrase una normativa que indicase lo contrario. "Es un acto público y se puede grabar", manifestaron.
"Estamos en visos de aprobar una normativa que regule la grabación y ante la duda de si es legal, hoy (por ayer) solo podrán grabar intervenciones puntuales", apuntó el regidor, que afirmó desconocer la normativa al respecto.
La defensa de la portavoz del BNG, Silvia Seixas, de esta práctica y de su conveniencia en un Ayuntamiento en que gran parte de los vecinos no pueden acudir a los plenos por celebrarse, desde principios del pasado año, a las 09.00 horas y con una radio municipal que apenas tiene emisión, despertó las suspicacias del mandatario, que espetó: "Son militantes del BNG", en alusión a los dos vecinos.
Tras ello, Calvelo acusó a los nacionalistas de mandar grabar el pleno e instó a los dos vecinos apagar la cámara. Ante la negativa de estas dos personas, ordenó su desalojo. "Que se recoja en acta que son militantes del BNG", urgió el regidor a la secretaria municipal.
A modo de protesta, concejales del BNG y del PSOE comenzaron a grabar con sus teléfonos móviles. El alcalde advirtió entonces de que el pleno estaría paralizado hasta que los ediles cejasen en su empeño de recoger las imágenes del debate plenario en aras, según defendieron en diversas ocasiones nacionalistas y socialistas, de una "transparencia" en la gestión municipal de la que Arteixo, según denunciaron, carece.
"Las sesiones son públicas pero existen excepciones que marca la normativa puesto que se puede vulnerar la ley de protección de datos", añadió la portavoz del Gobierno local, María Riveiro. La plataforma Graba tu pleno, sin embargo, defiende la legalidad de esta práctica que está avalada, según recogen en su página web, por multitud de sentencias que concluyen que filmar las sesiones plenarias no contraviene la ley.
El Gobierno local impidió ayer la aprobación de una moción del BNG a favor de la transparencia y el acceso de la oposición a la información municipal. Los nacionalistas denunciaron dificultades a la hora de acceder a expedientes municipales, convenios o, entre otros documentos, los acuerdos de las juntas de Gobierno. El PSOE se sumó a esta critica. "Que se abran las puertas y ventanas del Concello", reclamó su portavoz, Martín Seco. Terra Galega, por su parte, se limitó a reclamar "serenidad y respeto". "Damos un ejemplo patético", lamentó su portavoz, Xosé Márquez.
"Una cosa es transparencia y otra cosa es tener a los técnicos municipales al servicio de la oposición", argumentó el concejal de Urbanismo, Alberto Castro, que acusó a socialistas y nacionalistas de bloquear la labor de los trabajadores municipales al solicitar expedientes municipales.
Tras cinco horas de tenso debate en las que hubo cabida para la expulsión de dos vecinos; cruce de acusaciones entre Gobierno local y oposición e incluso para la defensa, por parte del edil de Servicios y Obras, José Ramón Amado, de sus creencias religiosas, el alcalde avanzó que el Gobierno local elaborará una normativa para regular los plenos y evitar situaciones como la de ayer con las grabaciones y sesiones tan extensas.
El pleno dio ayer luz verde a dos suplementos de crédito por un importe total de 4,2 millones de euros con lo que eleva la inversión en obras a ocho millones de euros, el doble de lo que se recogía en el presupuesto aprobado inicialmente en enero, lo que suscitó las críticas de la oposición en relación con algunas de las partidas que consideran innecesarias o infladas.
PSOE, BNG y Terra Galega respaldan gastos como los 185.000 euros que se reservan para ayudas de comedor y becas escolares o la adquisición de terrenos en la urbanización Sol y Mar y en Barrañán por lo que optaron por abstenerse en la votación (en el caso de Terra Galega, votó a favor en el segundo suplemento de crédito).
Los 125.000 euros que Arteixo se gastará en trasladar la pasarela de O Seixedo fue una de las partidas que mayor rechazo suscitó. Seco advirtió de que, además del nuevo desembolso económico que supondrá, el traslado de la infraestructura dejará a los vecinos de Vilarrodís de un necesario paso peatonal. "La rotonda tendrá pasos de peatones", apuntó el alcalde. El gasto de 42.000 euros en el diseño y mantenimiento de una página web también generó malestar entre la oposición, que cuestionó la necesidad de este contrato cuando en el Ayuntamiento trabajan tres informáticos. "No dan abasto", argumentó el Gobierno local. BNG y PSOE reclamaron también explicaciones por la indemnización de 150.000 euros que el Ayuntamiento deberá abonar a la empresa Inmoblas por no ejecutar un convenio firmado hace más de diez años por el exalcalde popular Manuel Pose.
