La sala de lo civil y penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) asume la instrucción y fallo de unas diligencias previas por un posible delito de falsedad documental mercantil y prevaricación en el que podría estar involucrada la diputada en la cámara gallega María Dolores Faraldo, exalcaldesa de Betanzos.

Las diligencias fueron remitidas por el Juzgado de instrucción número 3 de Betanzos por si los hechos pudieran ser constitutivos de los delitos de falsedad en documento mercantil y prevaricación, "sin perjuicio de lo que depare el curso de la causa".

En sus fundamentos de derecho, el auto indica que los hechos denunciados guardan relación con la contratación de un profesor del conservatorio de Betanzos; de las personas contratadas a través de la empresa Insulae, y de los empleados para la ejecución de las obras de mejora y reforma de diversos parques infantiles. La sala asume la competencia de la instrucción por ser aforada una de las personas imputadas en la causa, María Dolores Faraldo Botana, diputada del Parlamento de Galicia. La otra persona imputada es un profesor de música del Conservatorio, cuyo contrato es objeto de investigación. A la vista de las pesquisas "para determinar la eventual realidad de los hechos, sus posibles autores y sus circunstancias", han sido citados, el 4 de junio a partir de las 9:00 horas, a declarar en calidad de testigos el secretario del Ayuntamiento de Betanzos, al asesor jurídico y dos interventores.

No han sido citados de momento los imputados, porque ya han prestado declaración por estos hechos en el Juzgado de instrucción de Betanzos.

El TSXG asume la investigación un año después de que la exalcaldesa de Betanzos declarase como imputada por estos hechos. Consultada por esta nueva fase en el proceso, María Faraldo se mostraba ayer tranquila e insistía en que el traslado del caso al TSXG es únicamente consecuencia de su consecuencia de aforada. La exalcaldesa confirmó ayer a este diario que no se plantea dimitir como diputada pese a que los 41 parlamentarios del PP rubricaron en noviembre de 2012 un escrito por el que se comprometían a renuncian a su escaño de ser imputados. La exregidora, que fue citada a declarar como imputada antes de firmar este acuerdo, incidía ayer en que el Tribunal de Cuentas ya se pronunció sobre estos hechos y archivó la denuncia al no constatar hechos delictivos.