La Audiencia Provincial, en un auto emitido el pasado 24 de mayo, acuerda el sobreseimiento total de la querella presentada en 2006 por la Fiscalía Provincial y el exconcejal del Partido Popular Pablo Cobián contra el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, al que acusaban de presuntos delitos de información privilegiada, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, en relación a la actividad del regidor de compraventa de fincas en As Galeras e Iñás y su posible consideración como promotor inmobiliario, entre otros. También se le imputaban irregularidades en la adjudicación de parcelas finales y la intervención en decisiones administrativas que podían afectar a intereses personales.

La resolución es firme y pone punto final a un proceso iniciado hace siete años al dictaminar que los hechos denunciados no son delito. Ángel García Seoane, en una rueda de prensa ofrecida ayer, concluyó que ahora "queda demostrada la mala fe" de los que realizaron una "campaña malévola y perversa" contra él por ser "unos resentidos" debido a que no conseguían ganarle en las elecciones municipales. Se refería así a "uno del PSOE de Oleiros", el portavoz municipal Luis Vázquez; y "un bufón, el campeón Pablo Cobián".

Una vez archivada de forma definitiva la denuncia, García Seoane ahora prevé presentar "un pleito penal" por calumnias y difamaciones contra él y que iría "contra los autores" de la campaña, tanto políticos como medios de comunicación que publicaron las informaciones; y "pleitos civiles" para ser compensado tanto por los daños a su honor y el de su familia como por los gastos que tuvo que realizar para defenderse de la querella. "Los medios que pongan íntegramente esto, no procederé contra ellos", apostilló Seoane, con el fin de que le devuelvan su "dignidad". La Audiencia Provincial en este auto se pronunció solo sobre una de las cinco acusaciones que se realizaron contra Seoane, pues las otras cuatro fueron rechazadas ya el 6 de septiembre de 2012 mediante un auto emitido por el Juzgado de Instrucción Número 5 de A Coruña.

La juez decretó entonces el sobreseimiento provisional parcial de la causa al rechazar todas las acusaciones contra él excepto una: la de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, al considerar que existían "indicios" de este posible delito, razón por la que no ordenó el archivo total sino parcial, en contra del criterio del fiscal. Tanto Seoane como la Fiscalía recurrieron esta decisión.

La jueza decidió continuar con la investigación respecto al supuesto delito de negociaciones prohibidas con el fin de comprobar si fue una actividad continuada o no la de compraventa de tierras por parte de Seoane entre 1982 y 2000, debido al importante volumen de superficie adquirida y los "importantes beneficios económicos" generados para él y otros.

La Audiencia afirma en el auto emitido este mes que, en su opinión, Seoane "no realizó un asesoramiento extensivo ni accidental al servicio de personas físicas o jurídicas privadas en asuntos sobre los que debiera resolver o informar" y tampoco es "probatoriamente factible reprochar" al regidor la realización de actividades "directamente relacionadas con la esfera de sus atribuciones oficiales o que, en ejercicio de esta" se "aprovechase ilícitamente de su cargo o función públicos" para "conseguir abusivas ventajas" en su actividad privada.

Los magistrados señalan que la compraventa de terrenos "a título particular" y las ventas posteriores (adquirió ocho fincas y vendió cuatro parcelas de resultado) "no denotan un ataque a la transparencia del ejercicio de la función ni el desarrollo profesional por cuenta o bajo la dependencia de entidades privadas, por más que el tipo no presuponga la nota de permanencia".

El Juzgado de Instrucción 5 abrió diligencias previas contra Ángel García Seoane tras la revelación en 2006 en medios de comunicación de informaciones sobre compras y ventas de fincas por parte del alcalde en zonas como el polígono de Iñás o As Galeras y otras en As Cancelas, donde se hicieron reparcelaciones.