¿Ojo público o cámara indiscreta? Es la pregunta sobre la que gira el debate sobre el derecho de un ciudadano de a pie grabar y difundir los plenos. La Diputación y el concello de Arteixo solo permiten a medios acreditados filmar y divulgar los debates. Aunque las sesiones son abiertas al público, ambas instituciones impiden a los vecinos registrarlas en vídeo escudándose en una posible vulneración de los derechos de protección de datos.
A excepción de Arteixo y Sada - este último no ha informado sobre su postura a este diario-, el resto de los concellos adheridos al Consorcio As Mariñas sí se muestran partidarios de permitir que las cámaras se cuelen en las butacas.
El debate está servido y ha trascendido a nivel internacional a través de la plataforma Graba tu pleno, que ha denunciado ante la Unión Europea la negativa de varios consistorios e instituciones provinciales españolas a permitir grabar las sesiones. Una decisión con la que, advierten, vulneran un derecho fundamental amparado por la Constitución. Bruselas ha abierto una investigación sobre el asunto.
La polémica en As Mariñas estalló en Arteixo. Un colectivo intentó hasta tres veces grabar el debate. Todas sin éxito. En la primera ocasión, el alcalde, Carlos Calvelo, llegó a recurrir a la Policía Local para desalojarlos. El regidor alegó entonces que se trataba de militantes del BNG y que la filmación escondía "intereses partidistas".
El Ejecutivo local basa su negativa en la recomendación de los juristas municipales y solo está dispuesto a permitirlo en determinados casos siempre previa solicitud y en función de los motivos esgrimidos por los peticionarios. Una vía que, critica la oposición, abre la puerta a la discreccionalidad en la concesión de los permisos.
El Reglamento Orgánico Municipal de los concellos adheridos al Consorcio no recoge ningún tipo de regulación al respecto, por lo que la decisión de permitirle o no a los ciudadanos grabar la sesión queda al libre albedrío de los alcaldes. Y los hay más reacios y más abiertos a abrir la sala al ojo público. Las siglas no siempre marcan la pauta. Cambre, gobernado por el PP, defiende con vehemencia el derecho a grabar las sesiones y hasta ha aportado a este diario jurisprudencia al respecto y leyes que amparan un derecho constitucional.
Los tres concellos gobernados por el PSOE, Betanzos y Bergondo y Culleredo también permiten la grabación. El bergondés ya accedió recientemente a que un grupo de vecinos filmase un pleno después de consultar al resto de la Corporación. Betanzos mantiene que el debate ya se recoge en audio y se difunde por la radio municipal, y que consentiría igualmente la grabación de la imagen por parte de cualquier ciudadano. Culleredo, en la misma línea, hace una matización: "siempre que el fin sea lícito".
Oleiros también se muestra dispuesto a abrir las sesiones a los vecinos. A los que estén en la sala y los que no. Incide en que no ve problemas y apostilla que las sesiones ya pueden escucharse por la radio y que tiene la plataforma para grabarla y difundirla por la página web.
La polémica está servida desde hace meses. El Defensor del Pueblo ha apoyado en varias ocasiones las reivindicaciones de la plataforma Graba tu pleno. También la Comunidad de Madrid. Y el Tribunal Superior de Justicia ha dictado varias sentencias en que reconoce el derecho de los ciudadanos a filmar las sesiones. Las sentencias basan su dictamen en las conclusiones del Constitucional y advierten que cualquier prohibición constituiría un acto de censura previa que vulneraría el derecho a la información. Los jueces admiten que pueden darse límites sobre los usos y también que la grabación debe limitarse al debate y respetar la intimidad del público. Muchos alcaldes reacios a permitir la grabación se amparan en un fallo en primera instancia de 1989 que delegaba en los regidores la decisión.
