La posibilidad de que el Concello de Miño se viese obligado a asumir de forma subsidiaria el pago de 21 millones a los expropiados de Costa Miño Golf tras la entrada en concurso de Martinsa Fadesa sobrevuela desde hace años el Consistorio. El PSOE criticó en múltiples ocasiones la negativa del Ejecutivo municipal a exigirle a la empresa que depositase los avales que permitiesen cubrir la diferencia entre el precio fijado por la expropiación y el reclamado por los afectados que, tras años de pleitos, consiguieron que la Justicia cuadriplicase la valoración inicial.

Ahora que un auto del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia sitúa a Miño en el peor de los escenarios posibles, al alcalde, Jesús Veiga, le faltan las palabras. El regidor, que tomó hace solo unos meses el relevo de su antecesor, Juan Maceiras, se vio ayer totalmente desbordado en un pleno en el que, por sorpresa, los socialistas hicieron público un fallo que podría suponer un importante quebranto para unas arcas municipales ya muy endeudadas. El portavoz socialista, Manuel Vázquez Faraldo, exigió la dimisión al completo del Gobierno local por su gestión de un desarrollo urbanístico que comenzó a gestarse en 2001, bajo el mandato de Deogracias Romeu (PP) y que saltó a las portadas nacionales como paradigma del ladrillazo. "Jesús, le hago responsable de todo lo que ha pasado, estaba en el Gobierno cuando se aprobó, autorizó todo el proceso", reprochó al alcalde el portavoz socialista, Manuel Vázquez Faraldo, que exigió la dimisión al completo de todo el gobierno por una cuestión "penal, legal, moral y ética".

Jesús Veiga, visiblemente alterado, recordó que él sí exigió los avales a Fadesa y se desmarcó del exregidor Juan Maceiras. "No todos los políticos somos iguales", terció. "Si alguien pidió garantías a Fadesa fue este señor. Hice gestiones para intentar conseguirlo, no lo he conseguido, mala suerte", sostuvo el regidor, entre críticas de varios asistentes al pleno. La tensión llevó a la secretaria municipal a solicitar proseguir el debate "en privado". "Es un tema muy delicado", advirtió.

Finalmente, y tras las críticas del PSOE, se levantó la sesión. Ya en su despacho, Jesús Veiga, explicó a los periodistas que había sido informado "extraoficialmente del auto" y que pedirá el asesoramiento de los servicios jurídicos de la Diputación. La situación, admite, es "difícil", pero espera poder incautar más avales y garantías para evitar el quebranto de las arcas. No oculta que, esta vez sí, la burbuja le ha estallado a Miño en la cara.