LA GRAN CORUÑA
MIÑO

La indemnización a los expropiados de Fadesa cuadriplica el presupuesto miñés

Los jueces obligan a Miño a anticipar los 21 millones como responsable subsidiario para evitar así que los expropiados sean víctimas de más demoras por el convenio concursal de Fadesa

19.06.2013 | 04:25
Urbanización Costa Miño Golf. / víctor echave
Urbanización Costa Miño Golf. / víctor echave

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha dictado un auto que condena al Concello de Miño a indemnizar a los expropiados de Costa Miño Golf como responsable subsidiario. El Concello, que actuó como administración expropiante, deberá anticipar los más de 21 millones que Martinsa Fadesa adeuda a los afectados por esta polémica macrourbanización, iniciada en pleno bum del ladrillo y salpicada aún de esqueletos que atestiguan el impacto del estallido de la burbuja en este pequeño municipio costero.

El pago anticipado del justiprecio, pendiente desde hace ya más de una década y que Fadesa podría demorar hasta 2022 en virtud de lo estipulado en el convenio de acreedores, deja en una situación más que delicada a un concello con una abultada deuda y un presupuesto de solo 4,9 millones. El auto pone al concello sobre las cuerdas. Agotado el último cartucho, solo le resta pedir amparo al Supremo.

El TSXG, que hasta ahora sostuvo que le correspondía pagar a los expropiados a Fadesa, ha dado un giro de 180 grados en el incidente de ejecución. El Alto Tribunal sostiene ahora que la entrada en concurso voluntario de acreedores de Martinsa Fadesa en 2008 y las condiciones que ha estipulado el convenio le permitirían demorar hasta 2022 el pago a los expropiados que rechazasen una quita del 70% de sus créditos.

El Alto Tribunal considera que las condiciones fijadas por el acuerdo de acreedores y la inmunidad que brinda la ley concursal a las empresas en esta situación dejaría en una situación de total indefensión a los afectados, ya que se rompería el equilibrio que debe garantizar la Ley de Expropiación Forzosa, que no es otro que el derecho a una justa compensación económica por la privación de un bien. "La ley quedaría extramuros de la Constitución", advierte el auto. Los magistrados consideran que en este caso y dada la situación concursal de Fadesa corresponde al Concello asumir la deuda ya que los expropiados han perdido su propiedad "como consecuencia del ejercicio de la potestad expropiatoria de la Administración". Los jueces se basan en las conclusiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha declarado que el retraso en el pago de las indemnizaciones "constituye una carga exorbitante que rompe el justo equilibrio que debe existir entre las exigencias del interés general y la salvaguarda del derecho al respeto de los bienes". Es decir, que la demora en indemnizar a aquellas personas que han sido privadas de un bien vulneraría el derecho a la propiedad.

El Alto Tribunal critica en el auto con dureza la actuación del Concello en el laberíntico desarrollo urbanístico de Costa Miño Golf. El Superior recuerdan que la Justicia anuló el sistema escogido para el desarrollo de la macrourbanización, vía expropiación, e incide en que la ocupación del terreno "es una prerrogativa exclusiva de la Administración". "No puede pretender ocultarse tras el beneficiario, ni imputarle a este la ocupación material de la cosa expropiada", advierte y añade: "La aplicación de la Constitución no solo nos permite, sino que nos obliga a hacer responsable subsidiaria del pago a la Administración".

El Alto Tribunal no duda en tachar de "anormal" la actuación del Concello en este proceso. "El Ayuntamiento no solo dejó de exigir a la beneficiaria la constitución del aval necesario para garantizar la diferencia entre el justiprecio reconocido (seis euros por metro cuadrado) y el reclamado por los expropiados (25 euros) como podía hacer de acuerdo con el pliego de condiciones del contrato suscrito entre ambos; es que además, inexplicablemente, en el recurso entablado por los afectados con este objeto se opuso expresamente a su constitución".

No fue hasta la entrada en concurso de acreedores de Fadesa cuando el Concello, concretamente el entonces alcalde en funciones, exigió el aval. Le fueron reconocidos 7,5 millones. El Ayuntamiento puede ahora subastarlo, requerir nuevas garantías para que el pago a los expropiados se acompañe de nuevos ingresos en las arcas municipales. Y también embargar a la empresa. "Ahora hay que intentar coordinar los pagos con nuevos ingresos de Fadesa", explicaba ayer el interventor municipal.

El auto ha sacudido los cimientos de Miño. El PSOE mostró el auto en el turno de ruegos y preguntas del pleno y exigió la dimisión del Gobierno local. El Ejecutivo asegura que no tenía aún "constancia oficial" del fallo y que barajará todas las alternativas para que el anticipo no suponga el quebranto de las arcas municipales. Asegura que no hay riesgo de quiebra, pero admite que la situación es "muy complicada". El tiempo corre en su contra. Fadesa tiene cocho años para efectuar los pagos .

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