La reciente sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña que condena al alcalde de Oleiros a abonar 60.000 euros de indemnización a una juez por intromisión en el honor debido a que declaró que pudo cometer prevaricación no solo no amilanó a Ángel García Seoane sino que le ha reforzado para dar un paso más: presentará en los próximos días ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) una querella contra dicha juez con las acusaciones de, precisamente, prevaricación además de retraso malicioso en la administración de justicia al llevar instruyendo desde 2006 una causa contra el regidor por compraventa de terrenos. García Seoane además apelará ante la Audiencia Provincial la condena de 60.000 euros.
De forma paralela a la querella también presentará una denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial contra la juez denunciante por entender que pudo incurrir en una "infracción grave" por no abstenerse en la instrucción de la causa contra él ante la posible animadversión por haber sido requerida por el Concello de Oleiros ante la infracción urbanística que cometió.
El abogado del alcalde, Carlos Hernández, que también es el letrado del Ayuntamiento de Oleiros, anunció ayer en una rueda de prensa en la que estuvo presente el Gobierno local en pleno y los directivos de Alternativa dos Veciños que la sentencia del Juzgado de Primera Instancia que ha condenado a Seoane es "manifiestamente errónea".
Hernández cree que la juez posiblemente se dejó llevar "del corporativismo" al juzgar a una compañera pues además de aceptar una indemnización "absolutamente desproporcionada" y superior a la media en estos casos, cometió errores en los fundamentos de la resolución como decir que García Seoane realizó afirmaciones "inveraces sobre la jueza Elena Fernanda Pastor Novo.
"Todas las afirmaciones eran absolutamente veraces y se pueden comprobar, la juez era una manifiesta infractora urbanística", declaró el letrado Hernández, en referencia a que Seoane, en la rueda de prensa que dio lugar a la denuncia de la juez por intromisión en el honor reveló que ella había realizado una obra en su finca en Oleiros sin licencia: cubrió una terraza por lo que aumentó la superficie útil de la vivienda y como computaba superó la superficie edificable, así que para legalizar la infracción tuvo que adquirir un terreno colindante y demoler un galpón.
Carlos Hernández apuntó como curioso el hecho de que la indemnización que solicitó la juez Pastor Novo y que la magistrada le concedió de 60.000 euros, prácticamente "coincide con la cantidad" que le costó a la "infractora urbanística" legalizar su casa, entre los costes del proyecto de reparcelación, derribar el galpón, la licencia de obras y las tasas. Respecto a que la juez que condenó a Seoane incluyese en los fundamentos de su fallo una sentencia que dictó lo contrario a su resolución, que prevalece el derecho a la libertad de expresión sobre el derecho al honor, el abogado apuntó que pudo ser que la magistrada realizase un "corte y pega" sin analizar el contenido.
Hernández aseguró además que cree que no habrá colisión de intereses por el hecho de defender al Concello y ser abogado también de Ángel García Seoane, y si en algún momento se produjese él tiene claro que se decantará por el regidor por ser amigo suyo desde 1978. Precisó que si Seoane hubiese ganado el pleito podría pasarle los honorarios al Concello pero al perder "no se puede imputar" este gasto a las arcas municipales.
Ángel García Seoane calificó la sentencia que le condena a abonar 60.000 euros como "totalmente injusta". Aseguró que "el único honor aldrajado" fue el suyo y no el de la magistrada porque ésta le ha mantenido" imputado durante más de seis años sin motivo para dilatar el proceso", y la última actuación fue archivar todos los delitos que se le imputaban menos el de negociaciones prohibidas a funcionarios. Agregó que durante estos años a él le han puesto como "ejemplo de corrupción en el país" y se dañó su honor, el de su esposa y hermanas.
El regidor oleirense aclaró que en la querella que presentará antes del 10 de marzo contra esta juez que le denunció, al contrario que ella él no solicitará indemnización. "No quiero dinero, quiero justicia", declaró. Su abogado apuntó que si por un día de declaraciones le impusieron 60.000 euros, Seoane tendría derecho a pedir por seis años 8,7 millones. El abogado recordó que los jueces "son servidores públicos y sus sentencias son susceptibles de crítica y de crítica ácida si el caso lo requiere".
