Los ayuntamientos coruñeses de Corcubión, Arzúa, Betanzos, Ordes y Carballo pactaron ayer un texto para hacer un frente común en defensa de sus partidos judiciales. Este consenso se materializó en un manifiesto y en una moción que promoverán en todos los consistorios de la provincia para que se mantengan estos órganos en sus localidades.

En el documento, que terminarán en una próxima reunión, los alcaldes instan a respetar las especiales características de Galicia en materia de dispersión geográfica y movilidad que creen que "ignora el anteproyecto", según explica el Concello de Carballo. El texto será remitido a los ayuntamientos de A Coruña que cuentan con partido judicial y al resto de la provincia, con el objetivo de que la moción sea aprobada en los plenos para que "se impliquen así a todos los vecinos".

El alcalde de Betanzos, Ramón García, explicó ayer que este cambio, de producirse, acarrearía pérdida de puestos de trabajo, ya que los cuatro juzgados de Betanzos cuentan con 48 empleados que gestionan más de 8.700 causas anuales.

El regidor de Carballo, Evencio Ferrero, considera que es necesaria una justicia "ágil" pero es contrario a que se consiga a costa de "laminar" las competencias de los juzgados de primera instancia de estas localidades. Defiende que no es una cuestión "de ideologías" sino de todos los ciudadanos", ya que la orografía de Galicia hará más complicado y más caro el acceso a la Justicia de los vecinos del rural.

El alcalde de Corcubión, Francisco Javier Lema, denunció que, si este anteproyecto se convierte en ley, los vecinos de su Concello así como los que están en su comarca, tendrán que "recorrer alrededor de cien kilómetros de ida y otros tantos de vuelta" para poder realizar gestiones judiciales, pues el servicio más próximo estará en A Coruña.

El BNG de Sada propondrá mañana en el pleno un texto alternativo al esbozado por los alcaldes para solicitar la retirada del anteproyecto de ley e intentará recabar el apoyo de los concejales para solicitar al Gobierno que ejecute una reforma de la Justicia que traspase a Galicia la delimitación de la demarcación y planta judicial.