Vaya por delante que es un mecanismo legal amparado por la ley de contratos del sector público, como insisten los alcaldes; pero el abuso de los contratos negociados sin publicidad en los concellos del rural ha suscitado más de una crítica de la oposición. Sobre todo por la escasa rebaja que los concellos obtienen en las adjudicaciones, la opacidad en su tramitación y el excesivo protagonismo de ciertas empresas en algunos municipios.

Los ayuntamientos de Irixoa, Aranga y Vilarmaior se han valido de este mecanismo, que limita la concurrencia y al que la ley de contratos concede un carácter extraordinario, para contratar las actuaciones incluidas en el Plan de Obras de 2012, 2013 y 2014 (también en POS de 2011, que comenzó a tramitarse en el anterior mandato en, al menos, Vilarmaior e Irixoa).

De los 17 trabajos licitados en esta legislatura con cargo al POS en estos tres municipios, 16 se han repartido entre dos firmas: Construcciones Leonardo Miguélez (de Melide) y Construcciones Antonio Barallobre Ulloa (de Pontedeume). En total, los tres concellos han repartido 910.000 euros entre estas dos empresas que, en varios casos, ocho en concreto, no han ofertado ni un solo céntimo de rebaja sobre el importe de licitación. Los concellos defienden que el escaso descuento obedece a la prioridad que conceden a las mejoras técnicas sobre las económicas.

Este tipo de contratos se ha convertido en la habitual en obras de escaso presupuesto que, en el caso de estos pueblos, oscilan entre los 30.000 y los 110.000 euros. Es frecuente que los ayuntamientos dividan en varios lotes las obras, aunque todas obedezcan al mismo fin. Aranga, por ejemplo, dividió el POS de 2014 y 2012 en dos lotes de pavimentados en diferentes parroquias. Las obras de este año sobrepasarían en conjunto los 212.000 euros (por encima del límite del contrato negociado sin publicidad, que es de 200.000).

Los concellos son reacios a informar en el perfil del contratante de sus páginas web de las empresas que han sido invitadas a los negociados sin publicidad. Es más, ni siquiera es posible acceder a todas las adjudicaciones. Tampoco las actas de gobierno recogen en ocasiones esta información crucial para que los ciudadanos sepan cómo se gestionan los fondos públicos.

El uso y abuso de los negociados sin publicidad es utilizado habitualmente como arma arrojadiza entre partidos. Sus defensores apelan a la agilidad que ofrece sobre los concursos públicos y los riesgos de una baja temeraria . Sus detractores inciden en que se trata de un procedimiento excepcional en la medida que supone una quiebra a los principios de libertad de acceso a las licitaciones y de publicidad y apelan a que las rebajas en los concursos abiertos son considerablemente mayores.

En el caso de Aranga, resulta llamativo que en el único contrato de obras abierto publicado en el perfil de contratante, el de la carretera de Cambás a Irixoa, tuvo un precio de salida de 280.000 euros. Optaron 20 empresas y fue adjudicado inicialmente por 186.000 euros, un oferta considerablemente mayor a la obtenida en los negociados.

La falta de transparencia de la que adolecen estos contratos, más en los concellos del rural que por su pequeño tamaño no tienen la obligación de convocar las mesas de negociación, ha propiciado las críticas de la oposición.

El BNG de As Mariñas denunciaba ayer el abuso de un tipo de contrato "oscurantista y opaco" "que fomenta el clientelismo". Los nacionalistas censuran la nula rebaja que obtienen los concellos en este tipo de adjudicaciones "a dedo" que, reprueban, "recaen siempre en las mismas empresas". "Los negociados sin publicidad hacen que sea prácticamente misión imposible hacer un seguimiento de cómo se gastan los fondos públicos", critica su portavoz, Cristina López.

En concellos como Irixoa las dos empresas adjudicatarias de los últimos tres POS se han hecho también con la mayor parte del resto de los contratos de obras de la legislatura. Las críticas por el abuso de los procedimientos negociados son frecuentes en la comarca de Betanzos y extensibles a municipios como Curtis y Coirós. No todos los concellos recurren a ellos para adjudicar los contratos del POS. Paderne ha sacado a concurso las obras del Plan de Obras de 2014, que asciende a una cuantía similar a la de los otros pueblos.

La crítica más repetida en todos los ayuntamientos del rural va dirigida a la falta de información sobre las contrataciones. La oposición de pueblos como Oza-Cesuras, Coirós, Irixoa o Aranga, entre otros, exige más transparencia y censuran las trabas de sus respectivos concellos. En el caso del ayuntamiento recientemente fusionado, los dos grupos de la oposición han pedido amparo, incluso, al Valedor do Pobo.

"En los concellos rurales, dado que las cantidades que se contratan son pequeñas el control es menor ya que no hay obligación de contratar mesas de contratación y quien decide es el gobierno. Lo mínimo sería que informaran a los vecinos", exigía ayer el BNG comarcal.