El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha revocado el fallo del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de A Coruña y ha reducido de 26 a 14 millones, un 46%, la indemnización que Aqualia debe de abonar al Concello como aval hasta que exista una resolución judicial firme que dictamine la cuantía.

La sentencia, emitida el pasado 25 de junio, acepta en parte la petición de medidas cautelares de la empresa, pero condiciona la reducción del importe al abono en el plazo máximo de 30 días de una garantía de 14 millones al Ayuntamiento que garantice el pago de los perjuicios que podrían derivarse de la anulación de la ejecutividad del segundo punto del acuerdo suscrito por el pleno el 11 de abril de 2014.

Este acuerdo pasaba por el pago de los 26 millones en concepto de "indemnización por perjuicios al municipio e incumplimientos contractuales" durante los años de vida de la empresa mixta Augarsa.

La sentencia, firme, supone un varapalo para el Gobierno local, que el pasado abril hacía pública la resolución judicial de primera instancia que obligaba a Aqualia a pagar los 26 millones y presumía de que "David había ganado una batalla a Goliath".

Los jueces del Alto Tribunal han estimado el recurso de Aqualia al entender que el desembolso de la cantidad reclamada podría "repercutir muy negativamente sobre la entidad". El TSXG incide en que el propio Ayuntamiento en su respuesta a las alegaciones de la empresa "reconoce el carácter obvio de los efectos alegados" por Aqualia.

Con todo, los jueces consideran que las medidas cautelares que pide la empresa también pueden causar perjuicios al Ayuntamiento "al tener que afrontar por sí solo la gestión de la actividad mientras no se adjudique a un nuevo concesionario y correr el riesgo de un deterioro en la situación económica de la recurrente que haga en su día imposible el cobro de lo que sostiene que se le adeuda".

A la hora de fijar la caución o garantía que deberá abonar Aqualia para reparar los perjuicios causados por su actividad durante los años en que gestionó el servicio de aguas en Arteixo, el TSXG se basa en que el contrato duró 7 años de los 30 previstos y a que en la entidad reclamada se incluye la reducción del valor patrimonial de la red.