El Concello de Miño deberá apretarse el cinturón para afrontar el pago a los expropiados por la macrourbanización de Martinsa Fadesa (en liquidación). La propuesta que elevará a pleno el Gobierno local de acogerse al fondo que ha habilitado el Estado para facilitar el pago de sentencias judiciales firmes tendrá que acompañarse de un plan de ajuste que obligará a al Concello a hacer más de un sacrificio.

La propuesta inicial, que deberá aprobar el pleno y que aún podría modificarse, pasa por acogerse a este fondo estatal por un importe máximo de 6 millones a devolver en el plazo de 10 años. Esta cantidad, la que los técnicos municipales consideran asumible para las arcas municipales, supone solo el 30% de la deuda de Fadesa (veinte millones más intereses).

El Ayuntamiento de Miño maneja un presupuesto de 5,3 millones y una deuda como la de Fadesa, que supera los veinte millones, constituye un grave desfase de tesorería. ¿De dónde saldrá los fondos para devolver este crédito estatal? La propuesta de plan de ajuste que ha elaborado el departamento de Intervención recoge varias opciones que deberán recibir el visto bueno del Ministerio de Hacienda y de cuyo cumplimiento deberá informar periódicamente.

Según este informe, el Concello podría disponer actualmente de 400.166 euros no afectados para hacer frente al crédito. Descontadas las subvenciones y otros ingresos finalistas, las nóminas, las obligaciones adquiridas con entidades financieras, o el gasto en la prestación de los servicios obligatorios básicos, el plan de ajuste ve posibilidad de aplicar la tijera a algunas partidas del presupuesto.

El Concello plantea recortes en los gastos de funcionamiento de la Administración (valorados actualmente en 319.916 euros); y en otros servicios como la escuela infantil o el transporte, la limpieza de los centros escolares, los contratos de limpieza, conserjería y de apertura y limpieza del campo de fútbol (valorados en total en 290.400 euros). Otros gastos en el punto de mira se engloban en una partida de 180.981 euros que incluye las subvenciones a comisiones de fiestas o asociaciones y ayudas de emergencia social y el desembolso en la celebración de festejos populares.

El mayor tijeretazo que plantea el departamento de Intervención en su informe se lo llevaría la partida genérica de otros servicios, que asciende a 290.400 euros y donde los técnicos ven posible un ahorro potencial de 195.193 euros. En este capítulo se incluye la escuela infantil, la limpieza de los centros escolares, la conserjería y limpieza del ambulatorio y los pabellones o los servicios de transporte al centro de salud o el polideportivos, o el contrato de gestión catastral, entre otros. Los técnicos recuerdan que las competencias en educación o salud son propias de la Xunta, por lo que parte de los servicios que se verían afectados con este ajuste podrían transferirse a la comunidad autónoma,

Otros gastos en el punto de mira son los vinculados a competencias municipales propias como el ocio, el tiempo libre y las tradiciones populares. El montante total de esta partida es de 180.981 euros y el informe propone un ahorro de 72.392 euros (de un 40%). Entre los gastos en la cuerda floja se encuentran las subvenciones a comisiones de fiestas y asociaciones, las ayudas sociales y los reservados para la organización de festejos.

Aminorar el gasto en funcionamiento del Concello es otra de las opciones que recoge la propuesta del plan de ajuste, aunque el margen de maniobra es menor. El informe prevé un posible ahorro de 15.995 euros de los 319.916 que absorbe actualmente.

Otra vía para afrontar el pago del crédito que estudia el Concello es el incremento de los ingresos, sobre todo por la vía de una subida en las tasas. El aumento de los tipos impositivos tendría su contrapartida, como advierte el interventor. El habilitado nacional recomienda prudencia a la hora de decantarse por esta opción dado que una subida hasta los máximos que permite la ley en las actuales circunstancias podría ser difícil de soportar para el ciudadano y derivar en una caída de los ingresos tributarios.

Las medidas recogidas en la propuesta del plan de ajuste permitiría ahorrar 683.747 euros para hacer frente al principal e intereses de la operación financiera.

Esta propuesta de ajuste llega después de que los expropiados alegasen contra el anterior plan de pagos, que reservaba 400.000 euros al año para afrontar la deuda. Los afectados, que ya habían tenido acceso a un informe de Intervención del 20 de mayo sobre el margen de maniobra de Miño para acogerse al fondo, exigían un mayor esfuerzo.

El alcalde y único edil del Gobierno local, Ricardo Sánchez Oroza, convocó la semana pasada a la oposición a una comisión informativa para debatir la propuesta de adhesión al fondo estatal y el correspondiente plan de ajuste. El pleno debe celebrarse antes de que finalice el mes y el regidor todavía no ha informado sobre los servicios que se verán finalmente afectados por los recortes.