La nueva Ley de Costas no salvará a una casa del Portiño de Suevos de ser derribada la próxima semana. Así lo denuncia el presidente de la asociación de vecinos, Emilio Suárez, que advierte de que la Axencia de Protección de la Legalidade Urbanística la demolerá por orden del Juzgado de lo Penal número 1 de A Coruña. La vivienda está en la franja de protección que marcaba la anterior ley. La nueva legislación abre una vía para legalizar viviendas que no estén a menos de 20 metros de la costa. El Concello de Arteixo tramita la regularización del núcleo con Demarcación de Costas. Esta semana el alcalde, Carlos Calvelo, y el concejal de Urbanismo, Alberto Castro, mantuvieron una reunión en la que Costas les ordenó subsanar algunos puntos de su plan para convertir el Portiño de Suevos en un núcleo rural consolidado.
La Axencia Galega de Protección da Legalidade Urbanística paralizó en febrero, según publicó en el Diario Oficial de Galicia, las demoliciones de edificios en la zona de protección del dominio público siempre que el Concello tramitase su regularización. En el Portiño de Suevos hay 25 casas que se han beneficiado de la medida por depender directamente del organismo autonómico, según el presidente de la asociación. Pero esta otra vivienda tiene una orden de derribo del Juzgado de lo Penal, con lo que la Axencia de Protección da Legalidade solo puede limitarse a cumplir el mandato judicial, según explica la Consellería de Medio Ambiente.
El presidente de la asociación de vecinos San Pancracio del Portiño de Suevos explica que han intentado transmitir al juez que la ley ha cambiado y que la vivienda podría ser regularizada. El caso empezó en 2000, con la ilegalización de la casa. Desde entonces el propietario no tuvo más noticias hasta 2011, cuando el juzgado retomó el caso.
El abogado que defiende al afectado presentó este año varios escritos ante el juez, a los que no contestó. En uno muestra que el Concello tramita la delimitación del Portiño de Suevos. El 1 de julio entró en vigor el nuevo Código Penal, que, según explica Emilio Suárez, es más favorable y que señala que debe seguirse el criterio de la administración competente (en este caso la Axencia Galega de Protección da Legalidade, que paralizó las demoliciones). El abogado presentó una reclamación el 7 de julio en la que destaca este hecho y otra el 16 de julio en el que transmite esta queja al Ministerio fiscal. El pasado jueves el juez se marchó de vacaciones, según confirman fuentes judiciales. La orden de demolición sigue prevista para el miércoles.
La asociación de vecinos denuncia "el trato discriminatorio y contrario a Derecho" que la Fiscalía da a este residente. "Manifestamos nuestro más absoluto rechazo a esta situación de indefensión", recoge un comunicado. Emilio Suárez advierte de que de allí no se moverá "ninguna piedra" y de que se trata de un "núcleo pesquero" y no de una macrourbanización.
