OLEIROS

El Consello Consultivo de Galicia dictamina contra la resolución del contrato de A Fábrica

El órgano acuerda informar negativamente el fin del contrato del exconcesionario porque se pidió el dictamen a este órgano cuando ya había caducado el expediente

09.08.2015 | 21:23
Imagen de la entrada al restaurante municipal de A Fábrica en Santa Cristina.

El Consello Consultivo de Galicia, por unanimidad de sus miembros, dictaminó desfavorablemente la actuación del Gobierno local de Oleiros de resolver el contrato con el anterior adjudicatario del restaurante y cafetería municipal en A Fábrica porque cuando el alcalde solicitó la opinión de este órgano el expediente "ya estaba incurso en caducidad" al sobrepasarse el plazo de tres meses para resolver. El Consultivo determina que el Concello debe dictar una resolución que declare la caducidad del expediente "sin perjuicio de la posibilidad de incoar un nuevo procedimiento".

El Ejecutivo municipal acumula ya tres años de distintos problemas económicos, judiciales y administrativos en relación al exconcesionario de este establecimiento, al que el pasado mes de abril acordó incautarse del aval de 11.760 euros que había depositado. El Concello también le reclama a esta sociedad, Ocio da Ama SL, 42.741 euros en concepto de impago del canon trimestral desde febrero de 2012 a diciembre de 2013, incluida la tasa de terrazas además de facturas de la luz de 2010 a 2014 por valor de 2.670 euros.

El grupo de Gobierno decidió resolver el contrato por causa imputable al adjudicatario y anunció que también lo sometería a la evaluación del Consello Consultivo pero éste ha resuelto que cuando planteó la petición al órgano, el pasado mes de mayo, el expediente ya estaba caducado.

El inicio del procedimiento de resolución de contrato tuvo lugar de oficio el 26 de junio de este año mediante un acuerdo de la Junta de Gobierno Local por lo que el plazo para resolver finalizaba el 26 de abril. Dos días antes de esta fecha la Junta de Gobierno acordó enviar el expediente al Consello Consultivo para que emitiese informe respecto a la resolución contractual y ampliar el plazo para resolver en un mes y mientras no se recibiese el informe del Consultivo se suspendía todo el procedimiento.

Este acuerdo de la junta fue notificado a la exadjudicataria el 1 de mayo y la petición de informe al Consello se hizo poco después, el día 11, así que ya había caducado incluso cuando se le notificó a la empresa que se ampliaba un mes el plazo para resolver.

El Ayuntamiento ganó hace unos meses el pleito que le presentó Ocio da Ama precisamente por resolverle el contrato (el juez dijo que fue culpa del contratista, no del Concello) pero ahora, a la vista del dictamen del Consultivo, tendrá que realizar nuevo papeleo administrativo. La sociedad además también impugnó ante el Tribunal de Recursos Contractuales la nueva adjudicación del restaurante realizada por el Concello a otra empresa.

El grupo municipal prevé exigir una indemnización por daños y perjuicios al exconcesionario por los deterioros señalados por un técnico tras visitar el restaurante después de que la empresa lo abandonase en enero de 2014.

La valoración de los desperfectos hallados en el establecimiento y sus anexos, y atribuidos a la falta de mantenimiento del adjudicatario, se establecieron en 13.218 euros. La incautación de la garantía se acordó después de constatar que los bienes que aportó la empresa al local no tenían ningún valor.

Ocio da Ama siempre defendió que la resolución del contrato, después de entregar las llaves y comunicar que cesaba su actividad en enero de 2014, se debía a causas imputables al Concello y no a ella, por lo que además considera que debe percibir indemnización.

Una de las acusaciones de Ocio da Ama al Ayuntamiento fue que no tenía el restaurante adaptado a la normativa de accesibilidad, razón por la que la Xunta le impuso una multa de 901 euros. El Ejecutivo reconoció que el técnico municipal consideró "la innecesariedad dadas las características de la edificación de adaptarse a la normativa", mientras que la Axencia de Turismo dijo lo contrario y al final el Concello tuvo que realizar las obras: adaptó los baños y habilitó un espacio de comedor en la planta baja.

El Ejecutivo alegó para resolver el contrato que el exadjudicatario dejó de pagar el canon y luego abandonó la instalación. El Concello incluso había rebajado dicho canon al alegar la empresa dificultades por la crisis económica.

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