El derribo de la vivienda del Portiño de Suevos construida en terreno de Costas ya tiene fecha. Será el próximo martes a las 09.30 horas, cuando los operarios iniciarán los trabajos para echar abajo la casa. Así se lo comunicó la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) al propietario del terreno el miércoles pasado mediante un escrito que le entregó la Policía autonómica por la tarde. El organismo gallego alega que no puede paralizar la demolición porque esa decisión "únicamente" la puede tomar el Juzgado de lo Penal número 1 de A Coruña, que tramita el caso. "La suspensión a día de hoy no ha sido acordada", asegura la Xunta en el aviso que dio al vecino afectado.
El presidente de la Asociación de Vecinos San Pancracio del Portiño de Suevos, Emilio Suárez, hace un llamamiento a todos los vecinos de Arteixo para que acudan el martes por la mañana a la "protesta pacífica" que organizará la entidad para frenar el derribo de la vivienda. El Gobierno gallego advierte en el escrito remitido al dueño de la vivienda del Portiño de Suevos que acudirá una unidad de la Policía autonómica y que la resistencia a la autoridad puede constituir una conducta de delito de desobediencia.
"Estamos solos", denuncia Suárez, que critica la actitud del alcalde, Carlos Calvelo, en la reunión que mantuvieron la semana pasada. "Apenas se limitó a leer los escritos", señala el presidente de la entidad vecinal. Emilio Suárez advierte de que se podían haber hecho gestiones con la Xunta y el Ministerio de Medio Ambiente para "explicar la realidad" la Galicia. "Esto no es fruto de la especulación urbanística", argumenta.
La demolición de la casa depende directamente del juzgado y por eso la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística no puede aplicar la paralización cautelar que anunció en febrero. La Xunta paró, según publicó el Diario Oficial de Galicia, los derribos de viviendas en la zona de protección del dominio público marítimo terrestre siempre que el Concello correspondiente tramitase la legalización de los núcleos afectados, ya que la nueva Ley de Costas permite rebajar la zona de protección de 100 a 20 metros del litoral. En la zona hay 25 viviendas que se han beneficiado de esta resolución. El Gobierno local de Arteixo confirma que tramita la legalización del núcleo y que Demarcación de Costas les ordena subsanar algunos aspectos de su documentación. El Concello tiene de plazo hasta septiembre para reenviar su propuesta.
El abogado que defiende al afectado presentó este año varios escritos ante el juez, a los que no contestó. En ellos demostraba que el Concello tramita la regularización del núcleo. También reclamaba que se le aplicase el nuevo Código Penal que entró en vigor el 1 de julio y que es más favorable y que obliga a consultar a la Administración competente, la APLU.
