La casa del Portiño de Suevos ya es historia. El propietario de la vivienda la derribó para evitar que la Xunta le cobrase otros 22.000 euros por ejecutar los trabajos, ya que el juzgado le había embargado 3.800 euros hace tres años para ejecutar la obra. Los vecinos poco pudieron hacer ante el importante despliegue de la Guardia Civil, la Policía autonómica y Policía Nacional.
Las fuerzas de seguridad llegaron al lugar en torno a las ocho y media de la mañana, con casi una hora de antelación sobre lo previsto y bloquearon rápidamente el camino de tierra que permite acceder a la casa. Indignación y frustración fueron los sentimientos que más afloraron entre los residentes, que vieron a la excavadora hacer añicos la casa. "Esto es un punto y seguido. Es la guerra", advirtió el presidente de la asociación de vecinos San Pancracio del Portiño de Suevos tras no haber podido impedir que la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), dependiente de la Xunta, ejecutase la orden de derribo dictada por el Juzgado de lo Penal número 1 de A Coruña.
En la zona existen otras 25 edificaciones en terreno de Costas, que por el momento se benefician de la paralización cautelar aprobada por la Xunta en febrero hasta que Demarcación de Costas dictamine si acepta la legalización del núcleo que propone el Concello de Arteixo. A pocos metros de la vivienda hay otra que está bajo amenaza de derribo por estar en terrenos de Costas, pero este caso también depende de la Xunta. El dueño de la casa y su familia ya se han trasladado a su otra residencia en Suevos.
Más de medio centenar de vecinos estuvieron presentes a la hora de la demolición. El propietario de la vivienda optó por acudir al juzgado para intentar detener el derribo hasta el último minuto. El dueño de la casa contrató el lunes pasado una excavadora para tirar la vivienda. También estuvieron presentes en el lugar el alcalde, Carlos Calvelo, y el concejal de Urbanismo, Alberto Castro. El regidor y el presidente de la entidad vecinal, Emilio Suárez, mantuvieron una discusión. Calvelo insistió en que había una sentencia judicial firme y que había que acatarla. "No se le puede dar más vueltas", aseguró. Suárez reclamaba apoyo y que se siguiese con la lucha para impedir el derribo. Otro de los presentes fue una trabajadora de la APLU, María Encarnación Rivas Díaz, que aguantó el enfado de los residentes. Emilio Suárez denunció que Rivas no la quiso recibir.
El abogado que defiende al afectado presentó varios escritos ante el juez, a los que este no contestó. En ellos exponía que el Concello tramita la regularización del núcleo y reclamaba que se le aplicase el nuevo Código Penal, que es más favorable y que obliga a consultar a la Administración competente, la APLU. El juez se fue de vacaciones este mes.
En Arteixo los núcleos rurales afectados son el Portiño de Suevos, O Rañal, Valcovo, Sorrizo y Chamín. El Ayuntamiento envío a Demarcación de Costas su propuesta para rebajar la línea de protección de 100 metros a 20, con lo que se hubiera evitado el derribo de esta casa. Costas devolvió la propuesta al Concello para que subsanase algunos puntos antes de septiembre, según el Gobierno local. Esta posibilidad se abrió a raíz de la nueva Ley de Costas que permite legalizar núcleos rurales.
El PSOE denuncia que Costas ha mostrado su negativa a regularizar edificaciones en terrenos del dominio público marítimo terrestre. "El arquitecto contratado por el Ayuntamiento dejó claro que aquellos municipios que cuentan con un nuevo plan general o en trámites avanzados son los que han tenido más fácil la legalización", señala.
El alcalde explicó ayer que el Concello esperará a que el Gobierno central se pronuncie sobre la propuesta que le ha remitido y podrá continuar con la aprobación del plan general. "Si lo aprobamos ahora la línea de Costas quedaría a 100 metros y todas las casas quedarían fuera de la legalización", recalcó.
