El Tribunal Supremo ha ratificado que los propietarios del pazo de Franzomel, en Liáns, no tienen derecho a ser indemnizados con los 5,3 millones de euros más intereses que reclamaban por el perjuicio que causó en su propiedad el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Oleiros aprobado en 2009, al impedirles nuevas construcciones en la finca y reparcelaciones y reducirles edificabilidad. Esta indemnización se solicitaba a la Xunta y al Concello.
Los dueños de este precioso pazo del año 1900 en la zona de Abeleiras, al lado del futuro campo de golf, ya habían perdido el pleito tras una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) de 2013 pero recurrieron y el Supremo ahora anula dicha resolución judicial pero sin embargo les niega de nuevo la indemnización porque no está de acuerdo con los motivos pero sí con el fallo final.
El Superior determinó que para tener derecho a indemnización la calificación de la finca debería haber variado respecto al PXOM anterior y se reconoció que no hubo ninguna variación. El Supremo, sin embargo, estima que no había que comparar el plan del 2009 con el de 1998, sino que la comparación debía ser dentro del propio planeamiento actual. Tras establecer esto, los magistrados determinaron que los propietarios no pudieron justificar que realmente sufrieron un "daño real y efectivo", que da derecho a indemnización, ni una restricción de derechos, y hay "serias dudas" de si realmente tienen "un perjuicio o un beneficio económico" al otorgarles el plan la ordenanza 6.
El PXOM de Oleiros cataloga el pazo y los jardines de Franzomel como elemento de interés histórico-artístico y arquitectónico y la inscribe en la ordenanza 6 de finca singular en suelo urbano, con una edificabilidad máxima de 0,15 metros cuadrados por metro cuadrado.
Esta ordenanza impide la parcelación y posterior construcción en las nuevas fincas. Los afectaron alegaron que todas las fincas que rodean sus terrenos tienen ordenanza 2B, con edificabilidad del 0,60, y con posibilidad de parcelar, por lo que consideraban que el plan general no garantizaba una igualdad de trato.
