Un tigre, un león, una boa, lobos y hasta una hiena... Son algunos de los ejemplares de más de cincuenta especies de animales salvajes en cautividad que el propietario de un recinto zoológico en Paderne exhibe al público sin disponer, presuntamente, de los permisos preceptivos. Al menos, eso sostiene la Guardia Civil, que ha imputado al propietario de las instalaciones por desoír, supuestamente, las órdenes de cierre al público.

Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) han inspeccionado las instalaciones, una especie de casa-zoo ubicada en la parroquia de San Julián de Vigo, y han abierto un expediente al gestor del recinto tras comprobar que los animales no solamente se exhibían al público, sino que interactuaban con los visitantes. La inspección se produjo a raíz de la denuncia de una visitante que fue "mordida por un simio", según relata la Guardia Civil.

El Seprona sostiene que se habían dictado dos órdenes de paralización de la actividad y que el propietario había sido sancionado con la "prohibición de exponer la colección zoológica al público". Un portavoz de la Consellería de Medio Ambiente confirmó ayer que las actividades que se desarrollaban en el recinto no disponían de los preceptivos permisos y que, ante la inacción del gestor hacia sus requerimientos, le había impuesto una multa para obligarle a cerrar las instalaciones al público o tomar medidas para adaptarse a la normativa.

La Xunta incide en que el recinto solo dispone de autorización de núcleo zoológico, una categoría que "bajo ningún concepto" le habilita para exhibir al público los animales y para realizar las actividades que ofrecen en la actualidad. Entre otras, la página web de Corax Fauna oferta itinerarios por el recinto, "interactuando con las especies que componen" ("dar de comer a un mapache", "tocar a un lobo", "acariciar a un tigre", son algunos de los alicientes que plantean).

Corax Fauna destaca en su web que se trata de un "núcleo zoológico autorizado por la Xunta" para "promover el conocimiento de la fauna". Consultada ayer sobre la imputación de la Guardia Civil, un portavoz de la empresa sostuvo que el establecimiento "en ningún momento estuvo abierto como zoológico" y que "nunca se realizaron las actividades propias de un zoo". Los propietarios recalcan que no han incumplido ningún requerimiento de la Administración y que las "escasas actividades que se realizan se ciñen a las autorizaciones".

Todo apunta a que el juzgado tendrá la última palabra. La Guardia Civil sostiene que el propietario ha incurrido en una "desobediencia grave" al "incumplir las reiteradas órdenes y prohibiciones".