El presidente de la Diputación, Valentín González Formoso (PSOE), ha aprobado por decreto recurrir la sentencia de Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 que ha dado la razón al jefe de Contratación y Patrimonio, Luis Jaime Rodríguez, y anulado la división de su área y su adscripción forzosa a Patrimonio para designar a dedo a un nuevo responsable de Contratación.
Este cambio fue aprobado por el PP en 2013 entre airadas críticas de PSOE y BNG, que acusaron a los populares de pretender colocar "amigos" al frente de las áreas a costa de "discriminar" a funcionarios que, como Luis Jaime Rodríguez, habían obtenido el puesto por concurso público.
La decisión de Valentín González Formoso de recurrir el fallo corrió ayer como la pólvora por la Diputación y suscitó las críticas de grupos como Alternativa dos Veciños, que tachó de "sorprendente y contradictorio" el recurso.
El PSOE argumenta que de "ningún modo" impugna la orden de reponer al funcionario a su puesto, sino únicamente la anulación del cambio en la RPT para la dividir en dos de la jefatura de servicio. "El funcionario ya había sido repuesto a su puesto antes de que saliese la sentencia", incidía ayer un portavoz del Ejecutivo provincial.
El PSOE apela a las recomendaciones de la asesoría jurídica para justificar el recurso. Sostiene que el jurista advierte en su informe que la sentencia deja en entredicho la "potestad organizativa" del Gobierno provincial y podría sentar un precedente que truncase futuros cambios organizativos.
Los socios de Gobierno del PSOE, el BNG, evitaron pronunciarse y se limitaron a decir que corresponde a Presidencia adoptar la decisión de recurrir el fallo.
Como ya informó este diario, el Juzgado de lo Contencioso número 1 de A Coruña anuló el cambio en la Relación de Puestos de Trabajo que dividía en dos la Jefatura de Patrimonio y Contratación y ordenaba reponer al funcionario que logró la plaza en 1990 y mantener el acceso a esta jefatura por concurso público.
El juez reconocía en su sentencia la potestad organizativa de la Diputación, pero advertía que siempre debe tener como límites "la eficacia y el servicio al bien común". O dicho de otro modo, que los cambios que el Gobierno provincial introduzca en la organización tienen que estar debidamente justificados para no incurrir en decisiones arbitrarias que conviertan sus órdenes en "una desnuda manifestación de poder carente de toda justificación".
El juez censuraba concretamente la "duplicación de puestos" sin justificación y la designación a dedo del responsable de un área "sensible" como la de Contratación.
