El Concello de Culleredo todavía no ha conseguido acceder a todos los trasteros de la avenida de A Corveira pasados veinte meses desde que empezara a investigar si, como denunciaron vecinos, se utilizan como viviendas, contra lo que establece la normativa municipal. El Ayuntamiento envió un requerimiento en febrero del año pasado a los propietarios de los trasteros para pedirles que el día 19 de aquel mes facilitasen a la Policía Local el acceso a los anejos, lo cual todavía no ha conseguido a día de hoy. Consiguió entrar en la mayor parte de los trasteros y abrió expediente a falta de completar las visitas a las dependencias.

Con la notificación, el Ayuntamiento había advertido también a los dueños de que en caso de incumplimiento se solicitaría autorización judicial para entrar en los trasteros. El Concello no concreta ahora si ha solicitado ya el permiso del juez para acceder a los bajocubierta. Se limita a asegurar que se trata de un "proceso largo", ya que implica un procedimiento judicial, y que "el expediente está abierto".

La Policía Local y personal municipal accedieron en varias visitas realizadas entre febrero y marzo del año pasado a la mayoría de los trasteros investigados y abrieron expediente. El arquitecto municipal inició en marzo la preparación del informe sobre los bajocubierta y el Ayuntamiento aseguró que daría continuidad al procedimiento para investigar si, como habían denunciado vecinos de los bloques afectados, los anejos se han habilitado para su utilización como viviendas, un uso "completamente inviable" en estas dependencias, como ya advirtió el jefe del servicio de Arquitectura y Urbanismo en un informe en 2012. El documento detalla que el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) "prohíbe expresamente las viviendas bajo cubierta salvo en los casos de dúplex". Pese a esto, uno de los trasteros figura en el Registro de la Propiedad como "vivienda".

Vecinos de los bloques en que se encuentran los trasteros y la comunidad de vecinos avisaron al Concello del uso de las dependencias como viviendas, algunas en alquiler, con diferentes escritos desde 2012. Residentes en los inmuebles denunciaron, además, que obras realizadas en los trasteros para hacerlos habitables causaron daños a inmuebles de los pisos inferiores.