El Gobierno local de Betanzos (PSOE) destacó ayer a consulta de este medio que varias de las facturas que fueron objeto de reparos de Intervención en 2014 se corresponden con facturas emitidas en 2010 por sus antecesores del PP.
El Ejecutivo apeló a las objeciones que puso la funcionaria encargada de velar por la legalidad en la gestión municipal al pago a las empresas del servicio de atención domiciliaria o del transporte adaptado, que superarían el límite del contrato menor, por lo que tendrían que haber salido a concurso público.
Algunas de estas facturas derivaron en un proceso judicial y fueron los tribunales los que obligaron al Concello a abonar la deuda al comprobar que los servicios habían sido efectivamente prestados y que, de lo contrario y al margen de las irregularidades, el Ayuntamiento incurriría en un enriquecimiento injusto.
El concejal de Economía, Diego Fernández, restó importancia a las anomalías que detectó la funcionaria en las facturas. El edil admite que son reparos que se han repetido en sucesivos ejercicios, pero sostiene que se trata de defectos administrativos frecuentes en la gestión de los ayuntamientos.
