Los padres del centenar de niños del colegio de A Rabadeira que este curso se han quedado sin transporte escolar llevan semanas tratando de organizarse y reunirse para fijar una línea reivindicativa. Sus dificultades se deben a que en este centro educativo se da la singular circunstancia de que no exista una Asociación de Nais e Pais de Alumnos (ANPA), que se encargue de gestionar, reclamar, demandar, coordinar, dirigir. El próximo mes de noviembre se cumplirán cuatro años sin ANPA en A Rabadeira.

El centro educativo parece que aún no se ha recuperado del doloroso proceso acaecido en 2011, cuando el último ANPA tuvo que acogerse a un proceso concursal, entró en quiebra por una gestión que le generó una deuda importante. Desde entonces, los padres de los niños hacen lo que pueden aunque sin la fuerza que tendría una asociación constituida, con presencia en el consello escolar, que organizase actividades.

El proceso concursal se inició en noviembre de 2011 y en junio de 2014 se finalizó la liquidación del ANPA, quedando como responsable del pago de los últimos créditos y con los acreedores con la posibilidad de iniciar ejecuciones singulares. Según apuntaron exmiembros de esta última asociación de padres, la deuda ascendía a unos 300.000 euros. Los problemas del ANPA se originaron en 2010, cuando fue sancionada por irregularidades en la contratación de profesorado para las actividades extraescolares.

Inspección de Trabajo abrió acta sancionadora a la asociación de padres por tener a una decena de monitores de actividades extraescolares sin contrato, lo que detectó en una visita en junio de ese año tras recibir una denuncia.

La Inspección resolvió dar de alta a diez monitores con contrato laboral fijo y advirtió al ANPA del pago de 28.000 euros por cuotas a la Seguridad Social sin abonar por estos empleados, más los recargos. La entidad tuvo que hacer contrato laboral a todos (menos dos que ya trabajaban para una empresa) y equiparar los salarios de todos ellos.

Los padres tenían contratados a los profesores de forma mercantil, como si fuesen autónomos. Estos impartían clases por las tardes a los escolares: inglés, baile, patinaje, judo, fotografía, expresión plástica y corporal y cuentacuentos.

Las irregularidades de este ANPA sin embargo ya venían de lejos. En 2006 Inspección de Trabajo ya había hecho otra visita y obligó a contratar a varios monitores que tenía impartiendo clase como contratados fijos discontinuos.

El colectivo de progenitores acudió al Valedor do Pobo al oponerse a esas sanciones y defender que eran una entidad sin ánimo de lucro y no una empresa por lo que no tenían como fin ganar dinero sino prestar un servicio.

Los problemas con los monitores que trabajaban para el ANPA además fueron continuos a lo largo de los años, con suspensiones de empleo y sueldo de algunos y su impugnación; o denuncias de otros por la supresión y reducción de actividades.