La Diputación ha anulado la auditoría externa de las subvenciones a los establecimientos adheridos a la marca Refuxios do Mandeo que sacó a licitación el PP en la recta final del mandato. El Gobierno provincial sostuvo ayer que afrontará con personal propio la investigación de las ayudas, que asumirá directamente el departamento de Intervención. "Nos permitirá ahorrar 7.200 euros que costaba la auditoría", incidía ayer un portavoz del Ejecutivo (PSOE-BNG).
La apertura de esta investigación parte de una denuncia del BNG. Los nacionalistas exigieron a finales del pasado mandato que se revisase la subvención de 12.000 euros que le fue concedida al restaurante familiar del alcalde de Aranga, el popular Alberto Platas, tras comprobar que el establecimiento había cerrado sus puertas mucho antes de que venciese el plazo mínimo que estipulaban las bases.
Al ser consultado sobre esta ayuda en concreto, el Gobierno provincial del PP había evitado pronunciarse y se había limitado a decir que contrataría una auditoría para comprobar si todos los establecimientos vinculados a la marca Refuxios do Mandeo habían cumplido las condiciones que establecían las bases.
El Ejecutivo dirigido por el popular Diego Calvo había avanzado también su intención de contratar otras auditorías para fiscalizar la totalidad del gasto del Plan Mandeo, que ascendió a 12, 4 millones y que, entre otras actuaciones, permitió ejecutar centros de interpretación, mejoras en el saneamiento, observatorios ornitológicos y rutas de senderismo. Estas últimas inspecciones no llegaron finalmente a licitarse.
Fueron en total 17 los establecimientos adheridos a la marca Refuxios do Mandeo que recibieron las ayudas que, ahora, auditará la Diputación. Los locales están situados en Aranga (1), Bergondo (1), Betanzos (2), Coirós (3), Curtis (1), Irixoa (1), Oza-Cesuras (3), Paderne (1) y Sobrado (4).
La Diputación convocó las ayudas en 2010, que fueron modificadas en 2011, y que costeaban hasta el 50% del presupuesto del proyecto y hasta un máximo de 12.000 euros. La mayor parte de las subvenciones iban dirigidas a ejecutar mejoras en los establecimientos para reforzar la marca, aunque también hubo hosteleros que aprovecharon para ampliar las instalaciones.
Las bases de la convocatoria obligaban a tener abierto el local un mínimo de cinco años en caso de obras de reforma. y un mínimo de tres si las ayudas se invertían en adquirir mobiliario.
El departamento provincial de Intervención será el encargado ahora de verificar si todas las subvenciones concedidas se emplearon conforme a lo estipulado en las bases. En caso de verificar algún incumplimiento, la Diputación solicitará la devolución de la ayuda concedida.
Es la segunda auditoría de ayudas que asume Intervención en el último año. El departamento dio cuenta recientemente de otra, solicitada también por el BNG, sobre las subvenciones otorgadas a entidades implicadas en la operación Zeta. Los funcionarios constataron infracciones graves, que les llevaron a recomendar que se abriese un expediente sancionador con multas que podrían triplicar la cuantía concedida.
